Res Pública

José Antonio Montilla

montilla@ugr.es

Confiar en la justicia

Resulta especialmente relevante que no se mantenga en su cargo quien no acredite una escrupulosa imparcialidad

Lo grave del caso Lezo no es sólo el saqueo de una empresa pública, el presunto enriquecimiento personal del anterior Presidente de la Comunidad de Madrid o la financiación irregular del PP. A estas alturas, ninguna de esas actuaciones nos sorprende. La lista de escándalos en las que están implicados políticos madrileños del PP es larga. Incluso, la connivencia con algunos medios de comunicación resultaba evidente aunque sea impactante escuchar en las grabaciones del sumario la cruda forma de expresarse de estos adláteres del poder político.

La novedad en este caso es la forma en que ha salpicado a miembros de la fiscalía, e incluso del poder judicial. Esto es más trascendente que la implicación de un político en un caso de corrupción. Un Estado democrático de derecho cuenta con mecanismos para responder a la corrupción política. Existen instrumentos para exigir responsabilidad penal ante los tribunales a los integrantes del poder legislativo y del poder ejecutivo, más allá de su responsabilidad política.

El problema es cuando mancha a quienes están encargados precisamente de perseguir esos comportamientos corruptos, como ha ocurrido en este caso con el fiscal anticorrupción. Por un lado, es imprescindible que la ciudadanía tenga confianza en su imparcialidad e independencia como pilares básicos de un Estado de derecho; por otro, no puede exigirle responsabilidad política al no someterse al veredicto de las urnas. Por ambos motivos, resulta especialmente relevante que no se mantenga en su cargo quien no acredite una escrupulosa imparcialidad. Se trata de preservar la confianza de la ciudadanía en quienes intervienen en los procesos judiciales. Desde esta premisa, una vez confirmado que el fiscal anticorrupción quiso evitar registros importantes en la investigación, así como sus estrechas relaciones con integrantes de la trama, debería haber abandonado su cargo.

El origen del problema está en la directa vinculación del Fiscal General del Estado con el Gobierno que establece el artículo 124.4 de la Constitución. Pero, aun en estas condiciones, las sombras deben eliminarse en este caso concreto con la dimisión. La función constitucional del Ministerio Fiscal es la promoción de la justicia en defensa de la legalidad y los derechos de la ciudadanía. Después de lo visto en esta investigación, ¿quién va a confiar en que el fiscal anticorrupción desarrolla su función con imparcialidad y vela por la independencia de los tribunales?, en definitiva, ¿cómo se va a confiar en la justicia?

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