La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, reconoció ayer que las palabras de la juez Mercedes Alaya en relación a la causa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente irregulares "no dejan de sorprender en estos momentos", cuando se está celebrando el juicio contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos.

Lo dijo la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en Granada, después de que Alaya, en una conferencia en Valencia la semana pasada, comentara que le generaba "incertidumbre" la sentencia que pudiera dictar el Alto Tribunal andaluz si, en caso de recurso, tuviera que ver la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Aguilar defendió que "cada persona es dueña de sus palabras" y rehusó hacer un juicio de valor sobre lo dicho por Alaya, instructora inicial de la investigación de los ERE fraudulentos.

Aguilar mostró su "profundo respeto por la Administración de Justicia" y "por cada uno de los jueces que la conforman" y, aunque "no dejan de sorprender en estos momentos" las declaraciones de la magistrada, matizó que será la ciudadanía o los medios de comunicación los que tienen que valorar "si ha lugar o no ha lugar" haberlas pronunciado en este momento.

La consejera atendió a los medios junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial, Gerardo Martínez Tristán, Pilar Sepúlveda y Fernando Grande-Marlaska, con motivo de una reunión con el pleno de la Sala de Gobierno del TSJA.

Avanzar en el plan de especialización de los juzgados de Primera Instancia para asumir las denuncias sobre cláusulas suelo, la creación de nuevas plazas judiciales y el inicio de las infraestructuras "más perentorias" son las principales demandas del ámbito judicial en Andalucía para el próximo año. Fue lo que trasladó ayer Del Río, antes de participar en el encuentro que se celebra anualmente para exponer los proyectos realizados y previstos en materia de Justicia en la comunidad.

La consejera, que defendió "el diálogo y la colaboración institucional" para alcanzar los acuerdos que permitan mejorar, ha coincidido en la necesidad de avanzar sobre las cláusulas suelo, dado que ya han sido más de 33.000 las demandas interpuestas, en lo que también incidió Gerardo Martínez Tristán, quien añadió que, transcurridos seis meses de la puesta en marcha del plan de especialización, es necesario evaluar cómo ha ido "y cómo queremos que vaya".

Al margen de estos asuntos, Del Río reveló que las estadísticas demandan la puesta en funcionamiento ya de las secciones de apelación penal de nueva creación. El presidente del Alto Tribunal Andaluz aseguró que el CGPJ tendrá que decidir "a corto plazo" sobre la ubicación definitiva y entrada en funcionamiento, de una sección de apelación, "sin perjuicio de desplazamiento de salas", ya que Granada es la sede andaluza del Poder Judicial.