La juez Alaya admite la personación de Safja en el caso de los ERE

  • El sindicato de funcionarios cree que hubo intrusos porque no se aplicaron los protocolos

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares ha admitido la personación en la causa del Sindicato de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja), que se querelló contra el ex director general de Empleo Francisco Guerrero y todos los posibles imputados.

En un auto, la juez de instrucción 6 de Sevilla admite la personación del Safja como acusación popular y sin necesidad de fianza, según la doctrina del Tribunal Supremo cuando se trata de un proceso ya en curso y no cuando la querella pretenda iniciar una acción penal. Safja se querelló contra Guerrero "y cuantas personas pudieren resultar responsables de los hechos investigados" por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Según un comunicado de este sindicato, "los hechos denunciados se han desarrollado a lo largo de más de una década y las motivaciones se han fundamentado en razones de amistad, profesionales y compromisos comerciales o de dependencia", con lo que se prescindió "del protocolo legalmente establecido para otorgar las ayudas citadas y se contó con personal ajeno a la Función Pública".

Por ello, el sindicato considera clave en la aparición de "intrusos" que cobraron los ERE sin haber trabajado en las empresas "la ausencia de personal funcionario que controlase de manera exhaustiva el procedimiento en cuestión y la huida del Derecho Administrativo". Prueba "evidente" de lo expuesto por el sindicato "es que la Intervención General, en reiteradas ocasiones, denunció las vulneraciones en la concesión de este tipo de ayudas, que obviaban lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma", en avisos "reconocidos por el propio Gobierno andaluz".

En el sumario por los ERE fraudulentos que instruye la juez Alaya están ya imputados ex altos cargos de la Junta como Guerrero o el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, varios perceptores de ayudas irregulares y, como acusación, los sindicatos Manos Limpias y la CSIF.

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