Alaya entrega la investigación de los ERE a la Guardia Civil

  • Argumenta su decisión en la falta de medios de la Policía para una causa tan "extensa y dispersa geográficamente"

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La Unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados de Sevilla dejará a partir de ahora de investigar la trama de las falsas prejubilaciones vinculadas a los ERE de empresas en crisis, después de que la juez Alaya haya decidido encargar esta labor a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta drástica medida significa apartar del caso a los agentes que participaban en las pesquisas desde hace más de dos años, cuando se destapó el escándalo del presunto cohecho en la empresa pública mixta Mercasevilla, y se justifica formalmente por la instructora en la carencia de medios de la unidad de Policía Judicial para hacer frente a una "investigación tan extensa y dispersa geográficamente".

Algunas fuentes del caso apuntan a que, detrás de esta decisión, pueden existir otras motivaciones, incluso de índole "política", aunque otras fuentes descartan estos extremos. Si bien es cierto que desde el principio de la investigación del caso se pusieron de manifiesto la falta de medios de la unidad de Policía Judicial, que de estar formada en los últimos años por una decena de agentes ha quedado reducida a sólo cuatro -incluido el inspector al mando-, lo cierto es que otras fuentes apuntan que los medios con los que cuenta en principio la Guardia Civil no son superiores a los de la Policía Nacional.

El auto de la juez acuerda en concreto encomendar la continuación de la investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que actúe como Policía Judicial. Todo ello, justifica la magistrada, habida cuenta de la "ingente documentación aportada y la diversidad geográfica que abarca la investigación".

Algunas fuentes consultadas ayer por este periódico explicaron que, si realmente son esos los motivos para trasladar la investigación a la Guardia Civil, se echa en falta en el auto de la juez un merecido reconocimiento a la labor desempeñada por la Policía Judicial durante estos más de dos años de ardua investigación.

De otro lado, la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, rehusó emitir una opinión sobre esta decisión de la instructora. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Moreno se limitó a apuntar que la Junta no tiene nada que opinar sobre una cuestión del ámbito exclusivo de la juez. "Nada tenemos que añadir a esa decisión", subrayó la consejera de Presidencia.

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