'caso ere'

Alaya pide que se investigue si la Junta ha "reconstruido" los ERE de 67 empresas

  • La juez cita a declarar a los primeros 14 imputados en la trama de los ERE entre los meses de julio y septiembre.

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La juez Mercedes Alaya ha solicitado a la Policía Judicial que investigue si la Junta de Andalucía ha "construido o reconstruido" de forma "apresurada" los expedientes administrativos relativos a los ERE y ayudas de 67 empresas, después de que en una resolución anterior la magistrada pidiera a la Junta una copia compulsada de los mismos al constatar que en realidad se trataba de un "cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos".

En un nuevo auto, fechado el pasado 7 de junio, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla explica que la Junta ha presentado un escrito en el que concluye que el original que obra en el archivo administrativo "coincide literalmente con la copia remitida al juzgado". La Junta alegó igualmente que el auto donde la juez criticó la forma en la que le fueron remitidos los expedientes "no es más que una muestra de desconfianza de un poder del Estado (el judicial) hacia otro poder del Estado (el ejecutivo) y por extensión, hacia todas las autoridades y funcionarios públicos que los sirven".

La juez Alaya responde a estas críticas de la Administración autonómica asegurando que lo único que hizo en su resolución es "poner de manifiesto simplemente la realidad del estado de los expedientes recibidos, que incluso vienen foliados, lo que ya en sí supondría consolidar un orden (en este caso desorden).

La magistrada recuerda que su percepción del contenido de la documentación remitida es compartida por la propia Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito afirmó -señala la instructora- que esa documentación no merece en ningún modo la denominación de expediente administrativo, "pues parece componerse cada carpeta de una suerte de batiburrillo de papeles inconexos, algunos de los cuales no son sino simples notas manuscritas anónimas anotadas en hojas arrancadas de un bloc de espiral, cuando no garabateadas en simples post-it adhesivos".

Mercedes Alaya concluye que, "sin dudar que lo remitido es lo que actualmente existe en los archivos", la apariencia de estas actuaciones es "diametralmente opuesta" a lo que es en realidad un expediente administrativo, por lo que la juez sospecha que ha sido elaborado de forma acelerada. "Nos hace pensar en una construcción o reconstrucción apresurada de los mismos", asevera la magistrada, que ha decidido librar un oficio a la Policía Judicial para que "investigue tales extremos que no han sido explicados o justificados tal y como se pedía por la Junta de Andalucía".

El auto de la juez Alaya, que tiene una extensión de 36 folios, da unas detallas instrucciones a la Junta de Andalucía, en concreto a la Dirección General de Trabajo y Seguridad social de la Consejería de Empleo y a la Agencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico (IDEA), el antiguo IFA, para que ordene la información de los expedientes según el criterio de la magistrada. A la Dirección General de Trabajo, la juez la requiere para que prepare la documentación "de forma ordenada y sistemática" del ejercicio económico 2001-2011 y dentro de cada ejercicio por materia de convenido distinguiendo dos categorías: la primera correspondiente a los convenios relativos a pagos de pólizas de seguro derivados de ERE o de acuerdos de extinción de puestos de trabajo, y una segunda de los convenios derivados de cualquier otro tipo de pago a personas física, jurídica, pública o privada.

En cuanto al IDEA, la juez reclama que remita, también de forma ordenada y sistemática, una relación individualizada de convenios suscritos con la dirección general de Trabajo y Seguridad Social, entre otra abundante documentación.

La instructora también ha acordado remitir un oficio al Instituto Nacional de la Seguridad Social para que este organismo informe sobre la "compatibilidad" de que se pueda percibir una renta por prejubilación con el hecho sobrevenido de estar acogido a una incapacidad permanente total o absoluta. Esta petición se produce después de que la juez haya constatado que en el ERE de González Byass hayan aparecido varios casos de personas que estaban cobrando una cantidad por la prejubilación de entre 2.000 y 2.500 euros mensuales y además se le ha reconocido una incapacidad laboral por enfermedad común.

De otro lado, la juez Alaya ha fijado la declaración de los primeros 14 imputados en la trama de los ERE, algunos de ellos intrusos en los expedientes, que comenzarán a declarar en el juzgado de Instrucción a partir del próximo 8 de julio, en unas comparecencias que continuarán en el mes de septiembre.

Entre las personas que han sido citadas a declarar se encuentran el ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo Villavieja, que declarará el 9 de septiembre, o el ex militante del PSOE en esta misma localidad Alejandro Millán Torres, que declarará el 16 de septiembre.

Las primeras declaraciones han sido fijadas para el 8 de julio, cuando comparecerán el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) José Antonio García Prieto, que fue incluido en el ERE de Bonpunt, y otras dos personas. El 15 de septiembre declará ante la juez María del Carmen Fontela, que fue incluida en dos ERE, el del restaurante Río Grande en 2005 y Mercasevilla, en 2007; y también la administradora de Río Grande María del Carmen García Sánchez. El calendario que de momento ha establecido la juez se cierra el 19 de septiembre, cuando declararán otros tres intrusos de la empresa Saldauto, aunque la juez anuncia en el auto que el resto de declaraciones hasta completar los 28 imputados que hay actualmente en la trama de los ERE se celebrará seguidamente y hasta mediados de octubre de 2011.

Por último, la juez ha rechazado la petición del sindicato de Funcionarios Manos Limpias de "expulsar" del procedimiento a la Junta de Andalucía porque, según argumenta la juez, la Junta está legitimada para "personarse como perjudicada en las presentes actuaciones, sin perjuicio de lo que resulte de las investigaciones y la posible responsabilidad patrimonial en la que pudiera incurrir la Junta de Andalucía como empleadora de las personas que ostentaban dichos cargos".

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