La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer a la juez Mercedes Alaya, que investiga la presunta trama de los ERE, que sustituya la entrega de las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta por una "certificación acreditativa" de los acuerdos adoptados que expida el secretario del órgano de gobierno.

En un escrito remitido al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el fiscal delegado de Anticorrupción insta a la juez a que "decline su jurisdicción" tras el conflicto planteado por la Junta, al entender que Alaya "eventualmente estaría invadiendo competencias que son propias del Gobierno autonómico" al solicitar la entrega de las actas "sin establecer ninguna discriminación", lo que a juicio de la Fiscalía abarca tanto a las materias clasificadas como reservadas y las secretas, poque los documentos que constituye las actas también tienen este carácter en su conjunto.

La Fiscalía insiste en que la petición de la juez de entregar las actas desde 2001, sin hacer una selección ni delimitar el ámbito de su interés, constituye una actuación "desproporcionada" porque frente al interés general de la investigación penal "también debe ser merecedora de cuidada reserva la protección de los intereses generales y públicos que ostenta un órgano de relevancia constitucional como es el Gobierno de la Junta".

La defensa del ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, imputado en la causa, se ha mostrado a favor de plantear el conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo, mientras que el ex subdirector de la empresa pública mixta, Daniel Ponce, considera que no existe conflicto después de que la juez concretara que sólo analizaría los acuerdos relevantes para la investigación.