SIEMPRE me opuse, desde el Patronato o la Estación Biológica de Doñana, al recrecimiento de los muros de la balsa de almacenamiento de residuos mineros de Aznalcóllar. Cuando en 1996 la visité en compañía de Jesús Vozmediano, Loyola de Palacio y Juan Luís Muriel cualquier duda se desvaneció. Era muy difícil tener una visión de la balsa desde lo alto del muro porque las numerosas patrullas de vigilantes armados lo impedían. Las filtraciones hacia el exterior eran continuas, tanto que se había excavado un canal perimetral para recogerlas y enviarlas de nuevo al interior con una motobomba. El suelo estaba lleno de un sedimento negro plomizo escapado del recinto y en el muro se veían los estratos del recrecimiento y los parches para reforzarlo. Quedamos todos consternados.

Posteriormente, el 17 de abril de 1998, asistí a una reunión entre un algo cargo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y no pocos científicos complacientes, que habían sido convocados para la subvención de posibles proyectos. Insistí en la necesidad de incluir a Aznalcóllar pero, no sin condescendencia, la idea se descartó por falta de interés y, además, tuve el privilegio de que me consideraran alarmista.

Mal hemos aprendido las lecciones de Aznalcóllar. La gran catástrofe ocurrida hace 10 años debe considerarse como todo menos como un accidente, puesto que estaba tan anunciada y denunciada que incluso pareciese consentida por las administraciones, especialmente las responsables del agua.

Tras estos dos lustros, la situación es enormemente preocupante y los centenares de millones de euros salidos de nuestros bolsillos y empleados en paliar la catástrofe no parecen haber conseguido su objetivo, ni de lejos.

Hoy nos tememos, y mucho, que el agua que sigue corriendo por el cauce del Guadiamar esté altamente contaminada; que exista una alarmante cantidad de sedimentos tóxicos en los lechos tanto del río Agrio y el Guadiamar, y, sobre todo, del Guadalquivir; y que en resumidas cuentas el complejo de Aznalcóllar continúe siendo una alarmante fuente de contaminación y una seria amenaza.

Aznalcóllar pesa aún como una losa en el Parque Nacional de Doñana y en todo el bajo Guadalquivir. No sabemos todavía con presición los efectos socieconómicos de la catástrofe en lo que respecta a la agricultura, pesca, caza e imagen de la comarca. Tampoco conocemos la magnitud y peligros reales de los sedimentos tóxicos depositados en el bajo cauce del Brazo de la Torre y del río Guadalquivir.

Justamente durante los últimos meses, concretamente desde noviembre del pasado año, estos tramos fluviales han sufrido, y sufren, una prolongadísima y más que alarmante turbidez debida al incremento de los sedimentos arrastrados, 20 veces más de los habitual, de lo cual apenas se han hecho eco los medios de comunicación. No sabemos las causas ni que remedio ha puesto la CHG a esta situación. Pero los ciudadanos, y sobre todo los sectores socioeconómicos afectados, tenemos derecho a una información clara, rápida y veraz, hay una ley específica al respecto. La situación es tal que probablemente esté afectada la reserva de pesca y zona de reproducción de la que es responsable la Junta de Andalucía en esta zona.

Lo que sí parece evidente es que los lodos y sedimentos del Guadalquivir no deben removerse, bajo ningún concepto, sin estudios rigurosos y fiables, conocidos por todos y sin un programa de participación, es decir, sin aplicar lo que se conoce como una buena gobernanza.

El inmenso muro construido con urgencia tras la catástrofe, que divide al Parque Nacional en su zona oriental del río Guadalquivir, sigue sin ser eliminado a pesar de todas las promesas de las administraciones involucradas.

También se ha incumplido, de una forma inadmisible, el real decreto que ordena la restauración de las marismas y que, en resumidas cuentas, tendía a paliar los gravísimos impactos de la catástrofe en el Parque Nacional, mediante la aplicación el Plan Doñana 2005. Éste preveía la recuperación de la funcionalidad y dinámica hidrológica de la marisma para dicha fecha.

Con Aznalcóllar y la paralización del Plan 2005 se empezó a desmontar el mito de Doñana, que resultaba incómodo y contrario a intereses económicos y políticos.

La figura de un Parque Nacional, con un Patronato más o menos independiente, amparado en una de las primeras leyes de la democracia, la de Doñana, adelantada a su tiempo, no era soportable. Las voces que desde fuera, pero también desde dentro del Patronato, se oponían a la ampliación de la balsa de vertidos de Aznalcóllar, las que pedían las responsabilidades que correspondía a cada cual y exigían que se tutelase cualquier acción realizada en la cuenca del Guadalquivir que afectase a la marisma, resultaban ya inadmisibles.

También lo resultaron las solicitudes de rendimiento de cuentas, nunca mejor dicho, del Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno; de los proyectos sobre conservación del lince y el águila imperial; del cumplimiento de Doñana 2005 y de la restauración de la catástrofe de Aznalcóllar o del dragado del río Guadalquivir. Todos ellos constituían iniciativas con presupuestos multimillonarios, a los que habría que añadir, la carísima y muy cuestionable expropiación de los terrenos privado.

La receta aplicada parece eficaz. Politización de Doñana y entrada en tromba de los representantes de los partidos políticos, desaparición del nombre del Parque Nacional para ser sustituido por el de Espacio, y neutralizar, aunque vaya en contra de las leyes, al Patronato del Parque Nacional.

La tremenda pérdida de diversidad cultural y biológica del Parque Nacional de Doñana en los últimos lustros es tratada así con sordina. A los impertinentes que intentan defender este espacio, cada vez menos único, se les intenta silenciar. En su lugar se da cabida a panegiristas científico-políticos.

Ésta es la nueva situación en la que estamos y de la cual, a medida que Doñana se iguala hacia abajo, será ya difícil salir.