El CGPJ mantiene al magistrado De Urquía fuera de la judicatura

  • El órgano de gobierno de los jueces no acepta la petición de reingreso porque aún rigen sus antecedentes penales

El juez suspendido Francisco Javier de Urquía no podrá regresar a la carrera judicial como había solicitado porque todavía tiene vigentes los antecedentes penales devenidos de la condena de 21 meses de suspensión impuesta por el Tribunal Supremo por un delito de cohecho. El Supremo condenó en abril de este año al juez Urquía por recibir dinero del presunto cerebro de la trama Malaya, Juan Antonio Roca, quien le había pedido que suspendiera la emisión del programa Misión Imposible: Operación JAR en una televisión local de Marbella.

El Alto Tribunal, sin embargo, determinó una multa de 73.800 euros y una suspensión de 21 meses por un delito de cohecho, en lugar de los dos años de prisión y siete de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, además, le condenó por prevaricación aunque, posteriormente, el Supremo lo absolvió por este segundo delito.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer denegar la petición del magistrado Urquía porque no puede declararlo apto para esta función "al existir anotación vigente de antecedentes penales".

En este sentido, la resolución del órgano de gobierno de los jueces indica que no podrá resolver la petición del magistrado suspendido para volver a la carrera judicial activa hasta que no se haya extinguido estos antecedentes "por el cumplimiento de los plazos al efecto señalados en el artículo 136 del Código Penal". En este sentido, la condena se considerará cancelada a efectos penales transcurridos tres años, por lo que los antecedentes permanecerán aún vigentes al menos otro año más.

Urquía solicitó su reingreso en la carrera judicial en mayo, apenas unas semanas después de que concluyeran los 21 meses de suspensión, impuestos por el Tribunal Supremo en marzo de este año. Poco después el Consejo General del Poder Judicial acordó la pérdida definitiva de la plaza de la que era titular en el Juzgado de Intrucción número 2 de Marbella.

No obstante, ésta no es la única causa que tiene pendiente Francisco Javier de Urquía. En febrero del año pasado el CGPJ le abrió otro expediente disciplinario por dos faltas muy graves relacionadas con la desatención o retraso injustificado y de forma reiterada en la iniciación, ramitación y resolución de los procedimientos judiciales, así como por actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado.

En este sentido, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abrió diligencias contra Urquía por presunto cohecho y prevaricación. Este procedimiento judicial está relacionada con el caso Hidalgo, una trama de blanqueo de capitales que él investigó en 2007, durante su etapa en el Juzgado de Instrucción de Marbella. Durante esa instrucción se intervinieron 92 millones de euros depositados en 632 cuentas de 22 entidades bancarias.

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