Chamizo afea a la Junta su gestión en el Parque Natural de Grazalema

  • El Defensor estima que no fueron oídas las quejas sobre las nuevas pistas forestales

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El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha terminado dando la razón a Ecologistas en Acción en su denuncia de la construcción de varias pistas forestales en el Parque Natural de Grazalema. Un asunto cuya investigación Chamizo cerró primero y reabrió el pasado noviembre tras denunciar los conservacionistas que la Consejería de Medio Ambiente había "falseado" la información remitida al Defensor sobre las obras, lo que movió a la delegada provincial de la Consejería en Cádiz, Silvia López, a anunciar que "estudiaba demandar" al dirigente ecologista Juan Clavero.

Ahora, en su resolución, Chamizo ha afeado a Medio Ambiente su actuación. El Defensor considera que la actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente "no ha actuado con la debida diligencia, no ha tramitado las denuncias y ha permitido graves impactos en la construcción de unas pistas forestales junto a la zona de reserva del parque natural", según ha informado el colectivo ecologista.

La queja fue formulada por Ecologistas en Acción en septiembre de 2010 por la actuación de la Consejería ante la construcción de pistas forestales en el mayor latifundio del parque natural, que, según el colectivo, ocasionaron "unos impactos gravísimos e irreversibles en uno de los bosques y paisajes más valiosos del parque, colindante con la zona de reserva del Pinsapar". Ecologistas remitió a Chamizo un informe en el que, ha recordado Juan Clavero, "se demostraba que la Consejería había autorizado estas pistas de forma irregular". "Cuando comenzaron las obras, Ecologistas denunció estas ilegalidades, pero la Medio Ambiente ni contestó ni tramitó las denuncias". El Defensor admite que no se ha podido realizar una verificación in situ de los hechos "por las limitaciones en los medios personales y materiales". Pese a ello, basándose en la documentación aportada por Ecologistas y la Junta, el Defensor ha concluido que Medio Ambiente debiera haber abierto los correspondientes expedientes sancionadores cuando se ejecutaron las actuaciones, y no cuando estaban ya concluidas.

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