Chaves admite que el sistema podía haber sido más riguroso aunque era legal

  • l Asume la responsabilidad política de impulsar un programa para ayudar a parados y empresas en crisis

El sistema de concesión de una renta a los trabajadores afectados por ERE y a empresas en crisis ideado por la Junta en 2001 fue legal, aunque pudo haber sido "más concreto y menos discrecional". Ésa es la principal conclusión que el ex presidente de la Junta Manuel Chaves dejó ayer en su esperada comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento. "El procedimiento era legal, podía haber sido más o menos discrecional, pero no admito que hubiera una causa efecto entre esto y los actos corruptos que pudieran haber sido cometidos", mantuvo el que fuera presidente andaluz entre los 1990 y 2009. Con su intervención y la de Griñán se cierra la fase de comparecencias, aunque la comisión tardará varias semanas más en redactar y aprobar unas conclusiones que deberán ser sometidas al pleno de la Cámara andaluza. En cualquier caso, ni IU ni PP dejarán que acaben los trabajos hasta que la Cámara de Cuentas no presente su informe de fiscalización sobre estas ayudas.

Chaves negó la tesis de la juez Alaya, que investiga el caso penal, al defender la legalidad del sistema de ayudas , y aseguró que no hubo "cuartos oscuros" donde miembros del PSOE decidieran favorecer a amigos o a personas relacionadas con su partido. Sin negar que se cometiesen "actos ilegales" por parte de algunos, el ex presidente sí relató lo que muestran las hemerotecas: que cuando existía un conflicto con algunas empresas en crisis, él intentaba mediar, "lo hablaba con los afectados en la calle, con la patronal, con los sindicatos y encargaba que se solucionasen dentro de la legalidad, claro". Para ello, según Chaves, había nacido este sistema de ayudas, al que adjudicó, entre otras razones, la caída del desempleo en Andalucía en seis puntos entre el año 2001 y 2004. De hecho, el ex presidente aseguró que conflictos de gran tamaño, como el de Santana Motor o los astilleros de Cádiz, se trataban entre consejeros e, incluso, en el Consejo de Gobierno, aunque el modo de solucionarse era abordado por la Consejería de Empleo. Sin embargo, y a diferencia de otros comparecientes, no señaló el foco de las irregularidades en este departamento, sino en la voluntad de algunos para delinquir. Chaves aseguró que tuvo conocimiento de las ilegalidades por los medios de comunicación y por la propia comisión de investigación.

"El Consejo de Gobierno no tenía que estar en el día a día de cada consejería; yo habré presidido unos 1.000 consejos, pero habrá miles de acciones e iniciativas que se trataban en las consejerías; ahora bien, siempre he tenido la confianza de que todas las ayudas que se daban se hicieron de modo eficaz, honrado y honesto", dijo el ex presidente.

Para Chaves, el colchón legal del sistema, basado en un Acuerdo Marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA, se lo daban las leyes de Presupuestos de la Junta que todos los años aprobaba el Parlamento, y el hecho de que ningún grupo político ni órgano de control de la administración hubiesen puesto reparos al sistema. Sí lo hizo, sin embargo, la Intervención General de la Junta en 2003, pero no elevó un informe de actuación -una suerte de llamada de atención sobre ilegalidad o menoscabo de fondos públicos-, por lo que no llegó al Consejo de Gobierno, aunque sí a tres consejerías: Empleo, Innovación y Economía.

A diferencia de otros cargos políticos, Chaves defendió con rotundidad la política de ayudas y la, consiguiente, puesta en marcha de un programa -el 31L- para ayudar a los parados y a las empresas en crisis. "Ésa era mi responsabilidad política", aseguró Chaves, que deslindó entre esa acción de Gobierno -la definió así- y las irregularidades y actos punibles cometidos, para cuyos actores solicitó que "caiga todo el peso de la ley".

El sistema que la Consejería de Empleo ideó en julio de 2001 se basaba en la ayuda a estos colectivos mediante un mecanismo ágil, pero de muy difícil control, tal como se ha venido apreciando durante esta comisión de investigación. Consistía en un trasvase de fondos desde la Dirección General de Trabajo, dirigida por el encarcelado Francisco Javier Guerrero, al IFA, el ente pagador, pero no decisorio. Cuando el IFA se transformó en IDEA, y ya se integró además en otra Consejería, la de Innovación, el control fue más difícil aún. De hecho, la única voz de aviso durante diez años fue la del interventor general, Manuel Gómez, que al auditar IDEA en 2003 aseguró que Trabajo actuaba al margen de cualquier procedimiento administrativo reglado. Chaves aseguró que él impulsaba las políticas, aunque "no estaba en el día a día de cada consejero o de cada dirección general". En determinado momento del interrogatorio, dirigió todo un dardo contra la labor del interventor: "El bombero puede avisar, y no avisa".

Éste es un asunto clave. La Intervención General optó por no elevar al Consejo de Gobierno el denominado informe de actuación, pero sí lo envió a las consejerías de Empleo, Innovación y Economía. La metáfora utilizada por su titular, Manuel Gómez, en agosto en esta misma comisión, de que él era un vecino que había advertido, "a gritos", cómo salía fuego de la vivienda de otro, pero no le correspondía enviarle, también, un correo electrónico para que llamase a los bomberos puede que se le vuelva en su contra y en la de otros responsables políticos que, de un alguna manera, también recibieron la comunicación de que brotaban llamaradas en casa de un allegado.

Chaves mantuvo que él no conoció el informe de Intervención porque no llegó al Consejo de Gobierno, pero sí indicó que "tenía otros destinatarios". El interventor aseguró que su escrito no era de actuación, pero sí especial, y envió copias a los responsables de Empleo, entonces dirigido por Antonio Fernández; Innovación, por Francisco Vallejo, y Economía y Hacienda, por José Antonio Griñán. La viceconsejera de este último de aquellos momentos, Carmen Martínez Aguayo, dijo en la comisión que sí conocía el informe, pero que no informó de ello a Griñán.

Chaves -ya se ha explicado anteriormente- fue el primero de los comparecientes que defendió sin apenas fisuras el programa 31L, y no hizo recaer la responsabilidad sobre ninguno de sus consejeros. Es más, sobre el consejero de Empleo Antonio Fernández, recientemente salido de prisión, donde ha estado encarcelado de modo provisional por la juez Alaya, mantuvo que le sostiene su confianza. "Confié plenamente en él, y confío en él; mientras no se demuestre lo contrario, Antonio Fernández es inocente, presuntamente inocente", dijo.

¿Qué falló, entonces? Ésa fue la pregunta que más repitió la representante de IU, Alba Doblas: "Porque usted parece que reinaba, pero no gobernaba". Y, en este sentido, la tesis de Chaves fue la expresada por otros miembros de su Gobierno: que el que busca sortear los controles para delinquir, lo logra. Doblas, por ejemplo, le recordó a Chaves, y él lo admitió, que la convocatoria de ayudas y su concesión no se publicaban en el Boletín Oficial de la Junta y que el Acuerdo Marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA tampoco pasó por el Consejo de Gobierno, lo que abunda en la tesis mantenida por el PP e IU de que el sistema era poco transparente.

Los socialistas optaron por no realizar ninguna pregunta a quien fuera el presidente de la Junta, tal como hicieron los populares el día que intervino su anterior presidente, Javier Arenas. El PP eligió a su portavoz, Carlos Rojas, para interrogar a Manuel Chaves, aunque, tal como le pasó a IU, más que un cuestionario donde se pudieran obtener nuevos datos, la intervención se pareció más a un debate parlamentario. Y ahí el ex presidente mostró que, a pesar de que se suele equivocar al conjugar algunas palabras, se ha pasado casi 20 años debatiendo en el Parlamento con la oposición. "He cometido errores, pero siempre he actuado de acuerdo con la ley", finalizó Manuel Chaves.

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