La Consejería de Justicia reestructurará la relación de puestos de trabajo de los servicios judiciales en Andalucía según las conclusiones que se extraigan de un futuro estudio, en el que se pretende analizar el rendimiento de los empleados de la Justicia y su carga de trabajo.

Así lo ha informado a los periodistas la consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, quien ha mantenido una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, en la que ha solicitado la implicación del alto tribunal andaluz en el proyecto.

Este estudio -que será adjudicado a una empresa externa "para que sea realmente objetivo y no esté volcado por los intereses de ninguna organización"- pretende analizar cuáles son los procedimientos de trabajo actuales, las cargas de trabajo que soporta cada puesto y el número de efectivos necesarios para ello.

El análisis se realizará sólo en los servicios judiciales de la provincia de Málaga, si bien sus conclusiones se extrapolarán al resto de las provincias andaluzas.

Méndez de Lugo ha explicado que se ha elegido Málaga porque es "un exponente claro" de todos los problemas sobre recursos humanos que se puedan plantear, y ha señalado que esta provincia cuenta con varios juzgados especializados y de diferente grado de trabajo.

Además, ha reseñado que en Málaga "las situaciones coyunturales se manifiestan con mayor intensidad", por lo que ha dejado claro que su elección como provincia donde se lleve a cabo el estudio "no se debe a un capricho".

Naranjo ha propuesto además la creación de una mesa técnica consultiva para el seguimiento del proyecto que esté formada por representantes del Poder Judicial, secretarios judiciales, Fiscalía, Consejería de Justicia y sindicatos, así como de la empresa que realice el estudio.

A este respecto, ha dejado claro que dicha mesa trabajará "exclusivamente" para poner en común el análisis de las necesidades de los servicios judiciales "sin tener en consideración otras reivindicaciones que, aún siendo legítimas, puedan contaminar el éxito final del proceso".

El proyecto, que previsiblemente estará terminado en el primer semestre de 2010, se realizará en tres fases, la primera de las cuales consistirá en la introducción de información en la base de datos de los servicios judiciales de la comunidad.

Posteriormente se realizará un inventario y se identificará a los trabajadores del personal adscrito a los órganos judiciales de Andalucía y, una vez contrastado el resultado del estudio, se definirán "todos los elementos que configuren la relación de puestos de trabajo de los servicios judiciales" en Málaga. Una vez finalizado, el proyecto se remitirá al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para su aprobación, ha indicado la consejera.

Esta iniciativa pretende sentar unas bases "sólidas" que permitan "la implantación de una estructura estable que dé respuesta a las necesidades reales de la administración de Justicia", ha sentenciado.