El Consejo Consultivo aprecia un retorno a la legalidad urbanística en el litoral

  • Cano Bueso ensalza la apuesta "clara y decidida" del gobierno municipal de Marbella por revisar actos ilegales · Las "buenas prácticas administrativas" es un mensaje que está calando en los ayuntamientos

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El clima de lucha contra la corrupción urbanística generalizado, desde la Unión Europea a la Junta, pasando por las decisiones judiciales y las actuaciones policiales, han servido para poner coto a la actitud de muchos ayuntamientos costeros y para que estos emprendan un camino de "retorno a la legalidad". Al menos, así se recoge en la Memoria de 2008 del Consejo Consultivo de Andalucía, que ayer fue entregada por el presidente de este órgano, Juan Cano Bueso, al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán .

Este cambio, según Cano Bueso, está siendo apreciable sobre todo en algunos municipios muy castigados por el urbanismo salvaje, donde se está procediendo a "una reorganización y reordenación de la legalidad de una manera clara y contundente", siendo el mejor ejemplo el Ayuntamiento de Marbella.

El motor de este proceso Cano Bueso lo situó en un mayor conocimiento por parte de los ayuntamientos de la normativa, ya que ahora se están preocupando por disponer de unidades administrativas mínimas para informarse acerca de cómo se resuelven los procedimientos en materia de legalidad urbanística. Tampoco pasó por alto el esfuerzo del mundo jurídico por establecer un poco más de rigor en el cumplimiento de la legalidad. "Todo ese mundo de controles y de actos jurídicos y jurisdiccionales ha creado una mentalidad en torno a estar mucho más pendiente de la buena tramitación de un planeamiento urbanístico o de una licencia", indicó.

La presión institucional, tanto de la administración más cercana, como puede ser la Junta, a la UE, consideró que hacen "mella e impactan sobre la mentalidad de quienes tienen que resolver los temas urbanísticos y, por tanto, se exigen un cumplimiento de la legalidad mucho más alto que en el pasado".

No obvió el esfuerzo de divulgación de la doctrina del Consejo Consultivo y de las "buenas prácticas administrativas que están calando particularmente en los ayuntamientos, que son los que están más castigados y en peores circunstancias porque tienen una debilidad mayor desde el punto de vista burocrático", afirmó Cano Bueso.

Liderando esa recuperación de la legalidad se encuentra Marbella, ciudad en la que apreció "que tiene en este momento una actividad de revisión de actos ilegales muy clara y decidida por parte de su alcaldesa -Ángeles Muñoz (PP)- y, en ese sentido, en el Consejo Consultivo encuentra el apoyo constante y el asesoramiento que precise para esta tarea encomiable".

Las consultas más habituales que se han hecho desde la administración andaluza se han referido, según explicó el presidente del Consejo Consultivo, a la revisión de actividad urbanística concebida contra la legislación vigente, que se ha ido produciendo, en los últimos 15 ó 20 años, en determinadas zonas muy específicas, cuyos ayuntamientos en este momento, sean Marbella o Estepona o cualquier otro de las llamadas "zonas calientes", están haciendo un gran esfuerzo por regresar al mundo de la legalidad urbanística, para lo que necesitan revisar todas las licencias que fueron concedidas hace tiempo y que iban en contra de la ley.

Las cuestiones urbanísticas, sin embargo, no son la única conclusión de esta Memoria del Consejo Consultivo. El documento también tiene una lectura numérica, ya que durante el pasado ejercicio tramitó 808 solicitudes de dictámenes, de los cuales se han emitido 771, lo que supone un 10% más respecto a 2007. El 67% fueron a instancias del Gobierno y la Junta; el 32% por las administraciones locales y el 1% por entes de Derecho Público. La Administración autonómica siguió los dictámenes del Consultivo en el 93% de las ocasiones con lo que el grado de cumplimiento es "superior" al de las sentencias judiciales, apuntó Cano Bueso. De los 771 dictámenes emitidos, 634 lo han sido en sentido favorable a la resolución de la administración, 84 fueron desfavorables y 53 devueltos. Sólo dos de los dictámenes emitidos fueron objeto de votos particulares, el resto por unanimidad.

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