La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa constituyó ayer la mesa general de negociación de las universidades públicas de Andalucía, que abordará las condiciones laborales del personal funcionario y laboral de las diez instituciones académicas de la comunidad. Andalucía se convierte así en la primera comunidad que ha puesto en marcha este organismo, creado en consenso con los actores implicados en el ámbito académico y en virtud de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que establece la creación de mesas generales divididas en sectoriales, y cuyo objetivo es regular la situación de los empleados públicos del país, ya sean personal funcionario, estatutario o laboral.

El acto de constitución estuvo por el consejero, Martín Soler, y contó con la asistencia de los diez rectores de las universidades, además de miembros de CCOO, UGT y CSI-CSIF. La mesa de trabajo que empezará a trabajar desde hoy se compone de cinco representantes de la Administración, un representante de cada universidad, cuatro de CCOO, tres de CSI-CSIF y dos de UGT.

Las cuestiones a tratar serán la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, las condiciones del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios, el incremento de las retribuciones, la determinación de las retribuciones complementarias de los funcionarios, los planes e instrumentos de planificación de recursos humanos y los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión y sistemas de clasificación de puestos de trabajo.