El abogado de María José Campanario dejó caer ayer el anuncio de una petición de responsabilidades a Carlos Carretero, o a algún otro implicado en la Operación Karlos, después del juicio o cuando el procedimiento alcance una sentencia firme. En su alegato final, el letrado dijo que está convencido de que Campanario y su madre han sido "víctimas de un engaño", que cree firmemente en esa versión que las exculpa: que ellas pensaban que habían pagado para tramitar legalmente una revisión de la minusvalía que tenía reconocida Remedios Torres y que se encontraron luego con todo el lío que las ha llevado al banquillo, con el intento de lograr de modo fraudulento una pensión de incapacidad laboral. Fue entonces, al afirmar que fueron engañadas, que nada sabían de la estafa a la Seguridad Social ni de informes médicos falsos ni de un empleo ficticio en una empresa de Carretero, cuando el abogado Francisco Baena Bocanegra lanzó su advertencia: "Ahora toca defenderlas. Tiempo habrá para lo demás".

Lo demás enlaza con Carretero, con el hombre que se ha reconocido culpable de estar al frente de la trama que conseguía pensiones de incapacidad laboral para personas que pagaban por ello. Carretero, que ha pactado cuatro años de prisión, no estaba ayer en la sala de vistas pero su nombre sonó repetidamente. Lo nombró mucho Felipe Meléndez, abogado del inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, a quien las acusaciones ubican también en la cúspide de la trama y que ha insistido en que es inocente. Meléndez clamó contra el pacto de 15 acusados con el fiscal (inadmisible, un pacto contra natura, dijo) y lo sumó a las numerosas irregularidades que él ha observado en la causa. Especialmente por el hecho de que los acuerdos incluyesen que algunos procesados, como Carretero, tuviesen que responder a preguntas del fiscal.

Carretero dijo en el juicio que a Casto no le dio nunca dinero por tramitar las incapacidades para los clientes de la trama pero que sí le hizo muchos favores y le pagó comidas. El expolicía introdujo así nuevos objetos de acusación y al no querer responder a preguntas de los abogados defensores, impidió "de manera cruel" la posibilidad de defensa, dijo Meléndez. "Esta condición de imputado testigo que ha tenido, ese privilegio, ha hecho que el agente Carretero haya obtenido licencia para mentir", apuntó el abogado de Casto, para quien su cliente es un chivo expiatorio. "Al INSS (el Instituto Nacional de la Seguridad Social) le interesa un cabeza de turco; que Casto salga condenado y supercondenado", anotó Meléndez.

Los abogados de Campanario y de Casto centraron ayer, pues, la nueva sesión del juicio que ya camina hacia su término. Ambos coincidieron en reclamar una sentencia absolutoria y en sostener que sus clientes fueron engañados. También en criticar la especial atención que despierta el caso en los medios de comunicación y en considerar que eso ha perjudicado a sus defendidos. "Ahí afuera quieren la cabeza del doctor Pérez Lara, quieren que el tribunal se la tire al pueblo de Roma", comentó Meléndez. "Este juicio, el juicio de la Campa, empezó hace cinco años sentando a mis clientes en un banquillo (no el de la sala de vistas) en el que hay incomprensión, intolerancia y en el que no hay sitio para la presunción de inocencia", comentó Baena Bocanegra.

El abogado de Campanario insistió en que no hay nada en la causa, fuera de una conversación de Carretero con su hoy pareja, que indique que su cliente sabía que su madre había sido dada de alta en una empresa. Como limpiadora en una inmobiliaria. Y el abogado de Casto insistió en que en ningún momento Carretero le dice al inspector médico que le va a pagar o que le haya pagado dinero alguno.

La abogada de Remedios Torres, del despacho de Baena, también intervino ayer. Principalmente para cuestionar una prueba que el fiscal y las acusaciones consideran clave: el testimonio de la médico que aseguró que fue la propia Remedios quien le dijo que trabajaba como limpiadora en una inmobiliaria, esto es, que sabía que estaba dada de alta de forma ficticia. La letrada sostuvo que la médico pudo copiar ese dato de la documentación que poseía (algo que la testigo negó rotundamente).

El juicio continuará hoy y probablemente a primera hora de la tarde el caso quedará visto para sentencia.

"Carretero dirá: por mi padre, por mi pareja y por mi suegra, mato"

El abogado de Casto se quejó ayer del ruido mediático pero no por ello dejó de transitar en su alegato por el lenguaje televisivo más justiciero. "Si alguien dice por mi hija, mato, entonces alguien (Carretero) puede decir aquí por mi padre, por mi pareja y por mi suegra, mato", dijo Felipe Meléndez al criticar que se les haya retirado la acusación al padre de Carretero y (el fiscal) a la madre de Elisa Calvente (pareja de Carretero) y que Elisa, tras el pacto con el fiscal, vea su pena rebajada de cuatro años y medio a 14 meses de cárcel, con lo que elude su entrada en prisión. El fiscal dijo anteayer que ha atenuado la pena de algunos procesados por la pena de banquillo, en referencia a los cinco años que han transcurrido desde los hechos. "Ese desgaste de banquillo ha sido tremendo para Carretero: le ha producido 200.000 euros y a su pareja, 50.000. Lo que han cobrado de una cadena de televisión. Qué extraño que no se le haya apreciado también como atenuante el qué me gusta un güisquicito", ironizó Meléndez.

"Casto quebrantó todos los principios de un funcionario"

La letrada que representa en el juicio a la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, enumeró ayer los principios que deben inspirar la actuación de todo funcionario: objetividad, integridad, dedicación al servicio público, honradez, ejemplaridad... "Todos los ha quebrantado el inspector Casto Pérez", dijo la abogada. Su detención causó tristeza en la Administración, recordó que contó un inspector. Pero luego, al saber de su implicación, "se acabó el llanto".