La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha reclamado a la Consejería de Empleo de la Junta que modifique las normas que sean necesarias para "mejorar y garantizar la buena administración" en los procesos de selección del alumnado y del personal directivo, docente y de apoyo en las políticas activas de empleo en general y de los talleres de empleo en particular.

Esta reclamación se produce tras el elevado número de quejas que han llegado a la institución sobre la arbitrariedad y la falta de transparencia con la que Empleo otorga estas ayudas y que el Defensor ha constatado en los últimos meses.

En una resolución emitida a principios de este mes y a la que tuvo acceso este periódico, el Defensor describe las "esperanzas" que los parados tienen en las políticas activas de empleo ante el nivel de paro en Andalucía y en especial en estos talleres, que incorporan a la fase formativa otra de prácticas con un contrato retribuido.

Esta iniciativa puesta en marcha en 2004, cuando la Junta obtuvo el traspaso de las competencias sobre políticas activas de empleo, ha beneficiado a 50.821 andaluces hasta el pasado año, en más de 2.000 proyectos que ofrecieron empleo remunerado y formación. Sólo la Consejería de Empleo ha invertido en este periodo 1.079 millones de euros -170,4 en 2010- en incentivos a los proyectos para financiar los gastos de personal directivo y docente, medios didácticos, becas y costes salariales derivados de las contrataciones, según recoge Empleo en su web.

La institución que dirige José Chamizo se hace eco del auge de quejas recibidas ante una política que se ha prodigado como consecuencia de la actual coyuntura de desempleo masivo.

Pero también un mayor número de quejas "por la particularidad del proceso selectivo, complejo, con fases y subfases" y, sobre todo, por la "elevada discrecionalidad" que interviene en aspectos concretos de este proceso. Chamizo se detiene en la selección de los alumnos y en la del personal como resumen de esta "progresión" de quejas recibidas.

En cuanto al alumnado, el Defensor constata la "falta de transparencia" a la hora de publicitar los criterios de selección aprobados por la comisión mixta (Servicio Andaluz de Empleo y la entidad promotora, que pueden ser ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro, sindicatos...). Chamizo reclama a las delegaciones provinciales que se publiquen en los tablones de anuncios estos criterios de selección.

En el "complejo y sucesivo" proceso de selección del alumnado se dan elementos, a juicio del Defensor, que pueden ser discrecionales e incluso, en algunos casos, arbitrarios. Así, el Defensor expone que un candidato con una alta puntuación en la fase de baremación obtiene una baja en una siguiente fase de entrevista personal, o viceversa, que "si bien podría considerarse justificado en supuestos individuales, presenta fundadas sospechas cuando éste se traslada a la totalidad de los candidatos o seleccionados en relación al grupo constituido por los no seleccionados o en reserva". Es decir, las sospechas de Chamizo se vinculan claramente al enchufismo o al acceso de beneficiarios por la puerta de atrás a estas actividades, que el propio Defensor compara con los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que debe tener cualquier oferta de empleo público.

En otras ocasiones, continúa, destaca "la ausencia o insuficiencia de transparencia administrativa" en los sondeos de oferta de estos talleres o un "oscurantismo" en relación a los criterios de preselección o de la publicación de los resultados de la baremación y la entrevista en actas, tablones o en la web. Si los interesados se quejan ante la administración, expone el Defensor, reciben "unas respuestas estandarizadas que no disipan sus dudas, si acaso más bien alimentan las sospechas que barruntan".

Los afectados entonces se dirigen a la institución con tópicos sobre favoritismo local (en base a razones de amistad, familiaridad o afinidad ideológica), unas acusaciones de enchufismo que el Defensor no niega. Chamizo detalla que los equipos de selección tienen poderes discrecionales, "de tal grado que en determinados casos deviene en abusiva discrecionalidad, cuando no arbitrariedad, y diluye o anula las fases regladas de preselección o baremación".

El Defensor sólo encuentra una opción para solucionar este problema, que pasa por "una mejor y más completa regulación autonómica del este proceso selectivo", tanto para los alumnos como para el personal restante.

Precisamente estas políticas se han renovado hace sólo un mes. En la última campaña electoral entraron en vigor los planes Motiva, para jóvenes, y 45Plus para los mayores de esta edad, en los que se aglutinan estas políticas de promoción del empleo. Chamizo reconoce el esfuerzo de la Administración andaluza de adecuar sus políticas a la gravedad de la crisis con estos programas, pero insta a la Junta a modificarlos o complementarlos para garantizar el principio de buena administración y evitar así casos como los denunciados en un colectivo tan sensible y necesitado como los parados.