La iniciativa secesionista tiene muy difícil apaciguamiento y retorno, porque se produce tras dos generaciones de catalanes educados en una interpretación sesgada de los hechos y personajes históricos, sabedores de que hay otras dos regiones con más privilegios que ellos pero no piden que se supriman, creyentes en la existencia de una España indolente y atrasada que se beneficia gratuitamente de su gran laboriosidad y modernidad. Más recientemente vienen achacando sus problemas financieros públicos a una apropiación injusta de los impuestos que pagan y sostienen que es la pertenencia a España lo que les impide financiarse en el exterior. Obviamente, la calificación de su deuda autonómica como bono basura se debe a que son españoles, no a que sean catalanes, faltaría más, ya que sus problemas financieros no tienen nada que ver con que en la pasada legislatura hayan elegido a un presidente sin estudios (y sin talento personal que los supliese) y hayan consentido la formación de un gobierno tripartito más pintoresco que otra cosa, por ser benévolo, y muy aficionado al gasto.

Aunque ya haya sido rechazado el pacto fiscal es oportuno hacer alguna consideración sobre ello, siquiera sea en atención al esforzado documento de 88 páginas que le dedicó el Parlamento de Cataluña. El régimen fiscal foral es una anomalía no sólo en España y consiste en que las diputaciones forales recaudan la práctica totalidad de los impuestos y ejecutan la práctica totalidad de las actuaciones públicas, compensando al Estado por los gastos imputables a su territorio mediante un cupo o aportación. En principio no conduce a la inequidad proscrita en el art. 138.2 CE, pero la realidad es que así sucede por varias razones. Entre ellas, a la defectuosa valoración de los servicios prestados por las diputaciones forales (al alza) y de los todavía prestados por el Estado (a la baja), a la exención de aportar recursos a la solidaridad interregional salvo una modesta contribución al FCI, a que el servicio de la deuda del Estado no se incluye en el cómputo y a otros extremos más bien técnicos. La Constitución restableció este régimen para las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya (el franquismo lo retiró por "desafectas" pero mantuvo los dos conciertos restantes) y tiene su origen en la supresión de los Fueros en 1876, siendo rey Alfonso XII y gobernando Cánovas del Castillo, si bien el procedimiento de cálculo económico se estableció dos años después, con una formulación muy similar al actual.

No se ha creado una distorsión insuperable porque la población y la aportación al PIB de las comunidades forales es bastante limitada: apenas un 6% del total para la primera (menos que Sevilla y Granada) y un 8% para la segunda (menos que Sevilla, Málaga y Cádiz). Pero un dispositivo semejante es inasumible para Cataluña: 16% y 20% de esas variables, respectivamente, y una proporción todavía mayor en los ingresos fiscales. Se introducirían serias ineficiencias en el sistema recaudatorio y las valoraciones estarían inevitablemente sesgadas, además de la difícil traslación de la parte del servicio de la deuda pública estatal que corresponde y la fijación de "cuánta" solidaridad interregional sería la razonable. Por su parte la ofrecida mejora del sistema de financiación no es más que un brindis al sol. El Estado carece y carecerá durante bastante tiempo de los recursos necesarios para elevar de modo generalizado -sería inevitable- y mínimamente significativo la financiación a las comunidades autónomas.

Cabe entonces valorar la economía de la secesión si estamos abocados a ello, evitando caer en generalidades y del modo más objetivo posible, pidiendo perdón al lector por las incómodas pero inevitables cifras que sostienen los argumentos.

La inclusión en la UE no es automática y no está previsto este caso, de modo que habría que seguir el procedimiento de adhesión. No tiene por qué ser muy lento, pero requiere la aceptación unánime y tras ella alcanzarán la misma posición institucional que Bulgaria, a cambio de unos 18 parlamentarios propiamente catalanes. En el ínterin se aplicarán las reglas arancelarias comunitarias con el consiguiente encarecimiento de sus exportaciones. No obstante pueden lograr un rápido acuerdo preferencial con la ayuda de Volkswagen, entre otros.

Tampoco es automática la inclusión en el euro, aun cumpliendo las condiciones originales, y deberán resucitar transitoriamente alguna moneda, por ejemplo el croat eliminado tras los Decretos de Nueva Planta. Pero cabe dudar de su convertibilidad y aceptación como medio de pago internacional.

A no dudarlo, será frecuente el traslado de las sedes de empresas internacionales, con el consiguiente desplazamiento de la tributación y el empleo correspondientes. En este ámbito de inevitables desplazamientos habrá que anotar el de la sede de la CNMT y el de los 32.809 empleados del Estado que en 2011 trabajaban en Cataluña. Otras empresas pueden verse libres de algunos peajes, como es el caso de Telefónica a título ilustrativo: el innecesario pero icónico rascacielos de Barcelona, el programa de colaboración con la Universidad Pompeu Fabra, la aportación a una Catalana d'Inicitaives financiadora de empresas tan próximas a su actividad como Spanair o Bimbo y algunas otras regalías como la sede de Terra y el centro de desarrollo tecnológico; casi todo ello atendiendo a los deseos de su accionista financiero catalán.

Sin duda, el asunto crucial es el de los impuestos y los ingresos presupuestarios catalanes. Respecto a 2011, la Agencia Tributaria informa de que su recaudación total en Cataluña ha sido de 32.068 millones de euros. La recaudación de la Generalitat por tributos cedidos ha sido de 1.766 millones de euros, los tributos propios añaden 4,1 millones de euros y las tasas y otros ingresos aportan 465 millones al presupuesto 2011. Pero antes de sumar hay que introducir algún matiz: la recaudación de IVA fue de unos 12.000 millones de euros ese año, pero aquí hay un efecto sede que distorsiona la realidad. Según el coeficiente vigente para la participación autonómica en este impuesto los catalanes han soportado el 19,35% de lo recaudado, 49.300 millones de euros, de modo que lo correspondiente a Cataluña por este impuesto habrían sido 9.540 millones de euros. Pero lo más serio es que en el futuro las ventas a la extranjera España no devengarán IVA y aquí les compramos alrededor del 50% de su producción de bienes y servicios. Calculen ustedes, pero supongamos que lo compensan con un impuesto patriótico a la exportación y una vez asesorados por el Gobierno argentino.

Así pues los ingresos no financieros del presupuesto independiente habrían sido 31.839 millones de euros en 2011, sin la transferencia de 3.890 millones derivada del modelo de financiación autonómica. Es una cifra golosa, sin duda, pero lo malo es que sus gastos no financieros se presupuestaron en 27.222 millones de euros, de modo que el beneficio aparente de la secesión se habría limitado a 4.617 millones de euros. Pero, aun con este extra, tendrían que seguir endeudándose, a la vista de los ingresos y gastos financieros de su presupuesto, de modo que nada de ampliación de los servicios públicos durante bastante tiempo.

En la disolución de la sociedad de perdiciales con España habrá que repartir también el patrimonio y las deudas comunes. Respecto a lo primero y por no discutir podrían quedarse libremente con todos los activos titulados por el Estado e incluso con las cucharillas de plata, pero otro asunto son las deudas con terceros. Se puede comenzar por su parte alícuota de la deuda pública estatal, de la que les corresponderían por población 94.763 millones a junio de 2012. Han de asumir también su parte del déficit de tarifa eléctrica, unos 4.300 millones siendo muy generosos al distribuirlo por población y no por consumo. Indudablemente, la nueva propiedad de los aeropuertos, puertos estatales, vías y estaciones de Adif y material móvil de Renfe en Cataluña lleva consigo la deuda financiera. Sólo sus aeropuertos deben ya 1.982 millones de euros y en el caso de la APB nos ahorraremos los 450 millones que necesita Fomento para mejorar sus conexiones terrestres. Y en buena ley deberíamos imputar también la deuda de RTVE, pero me temo que les entre un ataque de risa a sus negociadores.

Siendo cuantiosa la deuda a asumir no es, sin embargo, el principal problema. Habrán de establecer un sistema de previsión social y cobertura de desempleo, para lo cual pueden contar con al parte correspondiente del Fondo de Reserva (si todavía queda después de la negociación). Pueden establecer un sistema de reparto y capitalización, pero desde el primer momento han de pagar a los actuales pensionistas allí residentes y también a los no residentes en la proporción en que allí hayan desarrollado su vida laboral, haciéndose cargo el estado del resto de la pensión. Esto es absolutamente inviable: las cotizaciones de las 2,9 millones de personas ahora ocupadas en Cataluña no podrán soportar los pagos a 1,6 millones de pensionistas residentes y a quienes se han desplazado tras su vida laboral.

Estos son, sin conjeturas, los nuevos ingresos y las cargas de la secesión. A todas luces es un mal negocio para Cataluña, pero peor lo será si atendemos a otras consideraciones verosímiles. Entre ellas el menor ingreso debido a trabajadores que se reubiquen fuera de Cataluña; posibles cambios de domicilio fiscal de particulares y empresas de la independencia, previendo una inevitable subida de impuestos; el suministro de 7.000 GWh de energía eléctrica al precio que los distribuidores tengan por conveniente y habría que analizar la retribución de los generadores renovables. Otras cuestiones son difíciles de valorar, como un rechazo de productos catalanes que siempre sería transitorio, el coste de armar un Somatén -en la OTAN no cabe un país sin Ejército- o el de establecer estructuras de Estado y en acción diplomática para comunicar que Catalonia is not Spain, definitely. No es menor su peligro implícito al liberarse del sometimiento a la Justicia española, habida cuenta de lo que entienden por colaboración público-privada algunas de las famosas "400 familias" que mandan en ese territorio. Y ya no tendrán tampoco la posibilidad de intercambiar el apoyo a un presupuesto del Estado por el trato favorable a algunos de sus imputados, me refiero al presupuesto 2010.

Como es natural nuestros acreedores no van a aceptar un endoso de las deudas ni tenemos por qué fiarnos de que un futuro gobierno catalán haga honor a los pagos a España derivados de la secesión, de modo que habrán de aportar un aval o aceptar que la Agencia Tributaria siga recaudando en Cataluña hasta el saldo completo de las deudas, de acuerdo con el calendario de pagos que se establezca.

¿Y hay negocio por nuestra parte? Pues bastante, ya que nos libramos de deuda pública y financiera, ahorramos una parte sustantiva del gasto en seguridad social, repatriamos a casi 33.000 empleados del Estado asignables a nuevos destinos, exportamos energía eléctrica, podemos reforzar otros puertos del Estado e incluso el aeropuerto de Madrid, tendremos más vuelos directos entre ciudades españolas sin peregrinar por El Prat y el nuevo reparto del presupuesto de I+D público beneficiará a empresas e instituciones de otras regiones, en la medida en que se libran de competencia y pueden ser nueva sede de centros públicos de investigación, las empresas españolas pueden aprovechar una caída de las venta desde Cataluña y sumaremos aquí la sede de algunas empresas importantes. Todos los equipos de primera división se aseguran dos partidos internacionales al año, e incluso puede que cuatro y en nuestro currículum añadiremos un idioma extranjero adicional, al menos al nivel de lectura.

Pero, sobre todo, nos quitamos una distracción de encima, por no calificar de otra manera una iniciativa insólita en la Unión Europea del siglo XXI, de modo que Páseu-lo bé i moltes gràcies.

>Rafael Salgueiro es profesor de Administración de Empresas de la Universidad de Sevilla.