El fiscal del juicio de la Operación Karlos, que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz, ha argumentado en sus conclusiones finales que María José Campanario y su madre, Remedios Torres, para las que pide dos años y nueves meses de prisión para cada una, eran conocedoras de que lo que se estaba tramitando era una pensión laboral y no una revisión de la minusvalía de Remedios Torres, como ambas han defendido desde el principio del proceso.

El fiscal ha pronunciado que la palabra minusvalía «solo está pronunciada por ellas» durante el proceso, pero que en ninguna de las actuaciones practicadas existe ninguna tramitación sobre una posible minusvalía y sí sobre la consecución de una pensión laboral por incapacidad.

Además, ha recordado que ambas tramitaciones «no tienen nada que ver», ya que las tramitaciones por una minusvalía dependen de otro organismo administrativo y conlleva un procedimiento distinto. Por ello, a juicio del fiscal, María José Campanario y su madre «tenían pleno conocimiento de que tramitaban una pensión».

Asimismo, el fiscal ha afirmado que «no tiene explicación» que Remedios Torres, teniendo una minusvalía reconocida en Castellón tramitara su procedimiento en Cádiz si lo que quería era una revisión, como han defendido durante el juicio.

Por otra parte, también ha indicado que «choca» que pagaran 18.000 euros para conseguir algo que es «gratuito» (una revisión de la minusvalía). En este sentido, ha añadido que «ya conocían» el procedimiento porque lo hicieron en Castellón (cuando se le reconoció la minusvalía), por lo que no pagaron para que la vieran los mejores especialista.

Además, se ha preguntado que «sin tan mal estaba, qué necesidad hacía falta de ese dinero para especialistas y por qué en Cádiz». A juicio del fiscal, la respuesta está en que «porque lo que se iba a conseguir era una pensión de incapacidad laboral».

SIN DOCUMENTACIÓN MÉDICA DE 2004 A 2006

Otro de los hechos sobre los que ha llamado la atención el fiscal se encuentra en que en la época «en la que supuestamente se agrava la patología» de Remedios Torres, de 2004 a 2006, «resulta que no hay documentación, no hay ni un informe ni un papel de haber tenido que ir al médico porque se encontraba peor».

Igualmente, ha señalado que uno de los documentos relacionados con su contratación laboral para posteriormente poder tener derecho a una pensión de incapacidad laboral, está firmada por Remedios Torres, concretamente la prórroga del contrato de trabajo, lo cual se podía leer arriba del propio documento.

En este sentido, ha señalado también que Carlos Carretero (uno de los considerados cabecillas de la trama) ha reconocido que sabían que se le estaba tramitando una pensión laboral. Algo que a su juicio también queda acreditado en una conversación telefónica entre María José Campanario y Carlos Carretero, cuando la mujer de Jesulín le dice a Carretero que a su suegra no le había pedido tanto dinero y éste le recuerda que su suegra había trabajado y que su madre, Remedios Torres, no lo había «en su vida».

Finalmente, tras afirmar el fiscal que en la tramitación «hay clandestinidad», ha hecho referencia a la declaración de una de las médicos que declaró como testigo y que aseguró en reiteradas ocasiones que fue la propia Remedios Torres la que le manifestó que trabajaba como limpiadora en una inmobiliaria.

El hecho de que Remedios Torres apuntara la empresa en la que supuestamente trabajaba cobra relevancia, ya que, como ha apuntado el fiscal, ese detalle no aparece ni en la información administrativa del expediente para obtener la pensión. En este sentido, ha recordado que el informe de la Unidad Médica de Inspección, al que pudo tener acceso esta médico pero que según señaló tampoco lo tuvo, aparece que Remedios Torres trabaja como limpiadora, pero no señala que lo hace en una inmobiliaria.

Además, el fiscal ha señalado también que en su informe, la médico incluso detalla una fecha que dice que le da la propia Remedios Torres. Algo que no pudo inventarse la testigo porque «eso no viene en ningún sitio».

Igualmente, ha señalado que también hizo constar la médico en su informe que anteriormente, según le dijo Remedios Torres, había trabajado de operaria en una empresa de lámparas. Un dato que según el fiscal, sólo aparece en dos ocasiones en todo el proceso judicial, ambas durante el juicio. La primera, según ha recordado, la dicen las propias acusadas y la segunda vez que sale dicho dato es en el informe de la testigo, por lo que, según el fiscal, «la médico no se lo inventó», sino que fue dicho verbalmente por Remedios Torres en la consulta.

CASTO TRAICIONA SU FUNCIÓN

En cuanto al inspector médico Francisco Casto Pérez Lara (para el que Fiscalía pide un total de nueve años de prisión), el fiscal ha considerado «realmente grave» los hechos, ya que «es un funcionario público sobre el que descansaba la sociedad para que no ocurriera lo que ha ocurrido» y ha añadido que «él estaba allí para que no hubiera fraude y traiciona esa función», siendo él mismo que supuestamente ha cometido fraude.

Asimismo, ante las acusaciones realizadas por la defensa de Casto en cuanto a que se ha utilizado a los acusados que han llegado a acuerdo para que declararan en contra del inspector médico, el fiscal ha querido dejar claro que su informe de conclusiones «no se deriva del reconocimiento de los hechos» por parte de algunos acusados, sino que «hay una gran actividad probatoria».

El fiscal ha hecho referencia a la declaración dada por el inspector médico durante el juicio, afirmando que «va hilando unos datos con otros a su antojo que son radicalmente falsos». Asimismo, ha indicado que Francisco Casto, durante su declaración, «no hace apenas mención a las conversaciones telefónicas», que a juicio del fiscal, «son una prueba fundamental», ya que hace ver que «toda su declaración es falsa».

Asimismo, ha manifestado que el inspector médico pensó que «tenía impunidad» al saber cómo funcionaba el sistema, «pero las conversaciones telefónicas tienen un componente valioso porque al no saber que lo están grabando se expresa de una forma muy reveladora». En este sentido, ha llegado a calificar las conversaciones grabadas como «una losa granítica sobre el acusado».

Posteriormente, el fiscal ha ido tachando de «falso» cada una de las argumentaciones que Francisco Casto había declarado en el juicio, desde que sus propuestas no tenían trascendencia para la consecución de las pensiones a que no tenía amistad con Carretero, que según el fiscal, es algo que queda acreditado en las conversaciones telefónicas, así como en seguimientos realizados por la investigación.

REBAJA DE PENA A CARRETERO

El fiscal ha justificado en su informe la rebaja de pena solicitada para Carlos Carretero (finalmente de cuatro años de prisión). Así, ha calificado como «muy importante» el hecho de que haya reparado el daño con la devolución del dinero o el propio reconocimiento de los hechos, que según jurisprudencias, «es plenamente legal» que se valore para una rebaja de la condena el reconocimiento de los hechos y la responsabilidad.

Asimismo, ha señalado que otra de la cuestiones aplicadas a los acusados para la rebaja de petición de condena en el delito relacionado con la falsedad en documento oficial se encuentra en una circunstancia específica como es la valoración del desgaste y sufrimiento añadido por las circunstancias que rodean al caso, algo que según ha explicado no ha podido aplicar a Francisco Casto en el delito de falsedad en documento por funcionario público al ser él el funcionario público que supuestamente ha cometido dicho delito.