Hasta ahora, la palabra corrupción había estado mayormente vinculaba al urbanismo local y la actividad municipal. Pero, de un tiempo a esta parte, las prácticas corruptas parece que se están trasladando a nuevos ámbitos y administraciones, lo que ha alertado a los fiscales encargados de perseguir la delincuencia en Andalucía. Un nuevo escenario que ayer el máximo representante del Ministerio Público en la comunidad, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, describió como "preocupante".

Concretamente el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) gestionados por la Junta, que investiga la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, fue evocado ayer como el mejor ejemplo de esas formas de corrupción "sin antecedentes" por Calderón.

Para luchar contra ese fenómeno que enturbia la legalidad que debe presidir las actuaciones de las administraciones y de los gestores públicos hacen falta más medios. Por eso, García Calderón enfatizó la necesidad de apoyar a los fiscales delegados de la Fiscalía anticorrupción en Andalucía.

En la actualidad, existen fiscales delegados en Almería, Cádiz, Sevilla y Málaga y, según advirtió el fiscal superior, es completamente necesario que se produzca un incremento del personal auxiliar que tiene que estar a sus órdenes para ayudarles en las funciones que desarrollan. "La lucha contra la corrupción es una cuestión fundamental, y máxime en una situación de crisis económica como la que padecemos, donde el dinero público tiene que ser fiscalizado hasta el último euro", dijo Calderón. El fiscal superior quiso resaltar además que todas las actuaciones del Ministerio Público en este ámbito estén siendo "discretas y por lo tanto eficaces" y "siempre inspiradas en un principio de imparcialidad".

En cuanto a las ya tradicionales cifras sobre la evolución cuantitativa de la criminalidad, destacó el descenso de alrededor del 10% que han experimentado las diligencias previas incoadas en los juzgados andaluces, que en los últimos años habían superado el millón. En total se registraron 925.806 (113.330 menos que en 2009), pero se trata de "un descenso en el volumen de asuntos", pues el número de diligencias previas no es para los fiscales un índice de la litigiosidad penal real. Este descenso se podría atribuir a varios factores, entre ellos al funcionamiento masivo de instrumentos de agilización procesal, como el sistema de enjuiciamiento rápido.

Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, valoró las declaraciones del fiscal superior de Andalucía y defendió que las investigaciones efectuadas sobre la política de ayudas sociolaborales arrojaron sólo un 1% de supuestas irregularidades. Aunque le preocupa que pueda existir la sensación de que todos los trabajadores beneficiados "han actuado mal", lo que sería "una absoluta injusticia, no para el Gobierno por la labor que ha desarrollado, sino para todas esas familias que se han visto en una situación muy difícil".

También al tema de los ERE aludió ayer la consejera de Presidencia, Mar Moreno, para insistir en que la Junta no va a polemizar con la juez Mercedes Alaya, que había criticado los expedientes entregados por el Gobierno andaluz. "No es que respetemos la labor del juzgado, es que compartimos la finalidad que tiene, que es sentar en el banquillo a los responsables de este fraude, que es lo que quiere la Junta desde el minuto uno", dijo Moreno, que señaló como única discrepancia la negativa de la Junta a entregar las actas del Consejo de Gobierno de la última década, un enfrentamiento que tendrá que dirimir el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales.