La Fiscalía critica a la Audiencia por el "cambio de las reglas" en los ERE

  • El Ministerio Público se opone a que el ex consejero Antonio Fernández sea juzgado sólo en la pieza política y recurrirá el archivo de las causas que se sobresean por este criterio

La juez María Núñez Bolaños, en los Juzgados de Sevilla. La juez María Núñez Bolaños, en los Juzgados de Sevilla.

La juez María Núñez Bolaños, en los Juzgados de Sevilla. / archivo

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La Fiscalía ha lamentado el "cambio de las reglas" por parte de la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE cuando ya se ha fijado el juicio por la pieza política, que empezará el próximo 13 de diciembre contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Según el Ministerio Público, ese cambio se ha producido con la decisión de la Sección Séptima de la Audiencia, conocida este mes, de que uno de los acusados en ese juicio, el ex consejero de Trabajo Antonio Fernández, sea juzgado sólo en la pieza política y no en decenas de piezas relacionadas con ayudas de los ERE que se hayan considerado irregulares únicamente por el procedimiento empleado para su concesión, pero en las que no se han detectado otros factores como la presencia de los denominados "intrusos", las personas que fueron incluidas en las pólizas a pesar de no haber trabajado nunca en las empresas acogidas a estos expedientes. 

Fuentes de la Fiscalía explicaron a Efe que la decisión de la Audiencia de Sevilla podría ser extensible a los ex altos cargos de la Consejería de Empleo acusados, pero no al resto, entre ellos, Chaves y Griñán, los ex consejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez o Carmen Martínez Aguayo o un ex interventor general de la Junta de Andalucía.

La limitación de los juicios al ex consejero Antonio Fernández también podría suponer que todas las ayudas concedidas de forma presuntamente delictiva se analicen en el juicio de la pieza política, que de esta forma se prolongaría varios meses más, según las fuentes de la Fiscalía consultadas por Efe.

El criterio aplicado a Fernández sólo sería extensible a ex altos cargos de Empleo

El juicio está previsto que empiece con las cuestiones previas los días 13, 14 y 15 de diciembre, y el 9 enero de 2018 comenzarán las declaraciones de los acusados, aunque no se han fijado los días para esos testimonios ni para el resto de la vista oral.

Otro de los efectos de la decisión adoptada en relación el ex consejero Antonio Fernández es el posible archivo de decenas de piezas en las que se encuentran acusados altos cargos de la administración regional que concedieron las ayudas públicas y también perceptores del dinero que lo gastaron en el fin previsto, algunos de los cuales han sido calificados como "víctimas" por la juez que instruye el caso, María Núñez Bolaños. La magistrada cree que en la investigación de los ERE se ha llamado a declarar, como acusados, a todas las personas físicas o jurídicas "por el mero hecho de solicitar, entre los años 2000 y 2010, una ayuda sociolaboral o directa a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía".

Sin embargo, desde la Fiscalía rechazan esta posibilidad. El Ministerio Público incide en que recurrirá cada una de las piezas que archive la juez Núñez Bolaños porque considera que no debe quedar impune la concesión de ninguna ayuda irregular por parte de la administración regional.

El razonamiento de la Audiencia es que si los altos cargos de la Junta sólo pueden ser enjuiciados en el procedimiento específico y no en las distintas piezas, estas causas quedarán vacías de contenido.

El juicio de la pieza política podría durar meses por el análisis de todas las ayudas

El origen de las divergencias se produjo después de que la juez dividiera el caso en distintas piezas en julio de 2015, a lo que siempre se opuso la magistrada que inició la instrucción, Mercedes Alaya.

Tras esa división, el juez de refuerzo Álvaro Martín dictó el auto de procesamiento de la pieza política, en el que, además de la prevaricación por posible concesión irregular de las ayudas, incluyó el delito de malversación. En este juicio, Manuel Chaves está acusado por prevaricación continuada y asociación ilícita y se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de diez años de inhabilitación. Su sucesor en el Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, está acusado además de malversación continuada y la Fiscalía le pide seis años de cárcel y otros 30 de inhabilitación.

La Fiscalía también señala que, a pesar del cambio de las reglas, "el partido no está acabado" porque ha sido la sección séptima la responsable de la decisión respecto al ex consejero Fernández, pero será la sección tercera la que tenga la última palabra durante las cuestiones previas del juicio.

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