El Gobierno andaluz garantizará el salario social a todos los que tengan este derecho

  • El presidente andaluz asegura que las consignaciones presupuestarias en este asunto son "ampliables".

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El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha garantizado el pago del salario social a todas aquellas personas que tengan reconocido este derecho y ha asegurado que las consignaciones presupuestarias en este asunto son "ampliables".

"Es una prestación reglada. Se gasta tanto como derechos se reconocen. No hay ningún problema", ha dicho el presidente andaluz en la sesión al control del Gobierno después de que el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, le pidiera que multiplicara por ocho las cantidades reservadas al abono de las prestaciones sociales debido al incremento del número de parados.

Además, Valderas ha dicho que las partidas reservadas en los presupuestos a salario social carecen de "sensibilidad" y no son "realistas", al tiempo que ha explicado que suman menos del dinero que la Junta destina a mantener los vehículos oficiales o las obras de San Telmo.

Griñán ha rechazado poner una cifra al aumento de estas prestaciones porque, según ha dicho, la Junta garantiza el pago a todos aquellos que tengan reconocido este derecho.

El presidente ha explicado que los créditos reservados para el salario social son "ampliables", tal y como establece la Ley de Presupuestos, y ha apuntado que, de hecho, ya se está modificando.

Así, ha asegurado que 4 de cada 5 euros aumentados van destinados a políticas sociales, lo que ha supuesto más de 1.000 millones de euros.

Griñán ha asegurado que Andalucía es la comunidad que destina más dinero a las prestaciones sociales y ofrece algunas que no existen en otras comunidades, como la gratuidad de los libros de texto o la asistencia sanitaria bucodental.

Además, ha recordado que es la única región que complementa las ayudas otorgadas por el Gobierno central para los desempleados.

Por su parte, Valderas ha acusado al PSOE de dificultar la aprobación de la Ley de Renta Básica -que suplantará al salario social- y que viene recogida en el Estatuto de Autonomía y ha exigido a Griñán la entrada en vigor de esta norma -que para IU debe dotarse de 2.000 millones de euros- el 1 de enero de 2010.

Según Valderas, el PSOE se opuso en la anterior legislatura a la aprobación de una renta básica, mientras que en ésta se ha negado a la creación de un grupo de trabajo sobre este asunto, por lo que ha asegurado que los socialistas son los "responsables" de la falta de diálogo.

El presidente andaluz ha rechazado esta acusación y ha asegurado que la Ley de Renta Básica debe nacer del diálogo y el consenso de todos los grupos parlamentarios, por lo que ha asegurado que su aprobación dependerá del "entendimiento" entre todos.

Sobre la posibilidad de ampliar la cobertura para quienes han agotado su prestación por desempleo y que, según los planes del Gobierno central, recaería en una responsabilidad compartida con las comunidades autónomas, el presidente andaluz ha asegurado que Andalucía está dispuesto a colaborar aunque primero hay que esperar a las directrices que se adopten en la reunión sectorial entre Gobierno y comunidades para evitar "distorsiones".

El líder andaluz de IU ha recordado al presidente que el 18 por ciento de la población andaluza es pobre y de los 950.000 parados de la comunidad más de 300.000 no cobran ninguna prestación social.

Además, ha indicado que 12.000 familias han sido desahuciadas en lo que va de año, por lo que pidió a Griñán que abandone la lírica y pase a los hechos.

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