Griñán y Rivero se alían para corregir un sistema de financiación que les perjudica

  • Niegan que sea un "frente político" contra el Gobierno · Quieren que se busque una fórmula que compense que Andalucía deje de recibir una media de 1.000 millones al año y Canarias más de 800 millones.

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Los gobiernos de Andalucía y Canarias tomaron ayer posiciones ante la próxima Conferencia de Presidentes (2 de octubre) y anunciaron que plantearán una revisión, que no modificación ni cambio, en la aplicación del sistema de financiación autonómica porque les perjudica. Están dejando de recibir de las arcas estatales una media de 1.000 millones anuales, la primera, y 800 millones, la segunda. Un dinero vital en los tiempos que corren y que ni el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ni su homólogo canario, Paulino Rivero, están dispuestos a dar por perdido cuando está en juego la prestación de servicios básicos y se está al frente de las comunidades con más paro y menor nivel renta. Tras un primer encuentro, ambos se afanaron por dejar claro que no se trata de plantear un "frente político" contra el Gobierno sino de, en un "marco de colaboración nacional" como lo definió Griñán, buscar fórmulas para corregir estos desajustes o fórmulas de compensación, sin que ello suponga restar nada a las demás regiones.

La clave podría estar en los dos fondos de convergencia autonómica que prevé el actual sistema -recursos extra que aporta el Estado para reducir las diferencias de financiación-. El primero sería el Fondo de Competitividad, orientado a reducir la diferencia de financiación per cápita entre las comunidades, y que, según explicó Rivero, está dotado con 1.000 millones y no se ha tocado. Y el segundo es el Fondo de Cooperación, cuyo fin es complementar el sistema de financiación para facilitar la convergencia en los niveles de vida de los ciudadanos, es decir, que se les presten los mismos servicios vivan donde vivan.

Aunque el lugar propicio para abrir este debate sea la Conferencia de Presidentes, no será el foro donde se resuelva. A sugerencia del propio Gobierno central, en concreto, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la vía por la que pueden canalizar ese cambio es solicitando una reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación del sistema. Este órgano está previsto que se reúna con carácter quinquenal, según el acuerdo de reforma del sistema de financiación del año 2009, lo que implicará un adelanto de dos años.

El desajuste del sistema de financiación es consecuencia del "fallo de partida" que hubo en su aplicación al tomar como referencia no los ingresos de 2007, como ejercicio ya liquidado, sino los ingresos de 2009, año en el que registró una importante caída derivada de la crisis económica. Eso tuvo un efecto muy negativo en aquellas comunidades que más dependían del Fondo de Suficiencia -asegura la financiación de todas las competencias transferidas del Estado a las comunidades-, amén de que tampoco se está aplicando el Fondo de Compensación Interterritorial.

Tanto Griñán como Rivero insistieron de forma machacona en que su reivindicación se ampara en los principios de equidad, justicia y solidaridad, y evitar que "se esté haciendo ricos a los más ricos y empobreciendo a los que menos tienen". Pero también quisieron apuntar en que quienes lo piden, presiden las dos comunidades que menor nivel de endeudamiento presentan del país. Un elemento que, según Rivero, les da "autoridad moral", ya que la deuda media por habitantes es de 1.808 euros en Canarias, y de 1.833 euros en Andalucía, y distan mucho de esa media nacional de más de 3.000 euros por habitante -Navarra y Cataluña son las que tienen un endeudamiento superior, con 4.521 y 5.829 euros por habitante-.Para Griñán, lo que desvelan estas cifras es que Andalucía y Canarias "han hecho los deberes" y no se les está favoreciendo ni en el sistema de financiación, ni tampoco en el techo de déficit y endeudamiento que ha marcado el Gobierno central.

Aunque por el momento sólo estén en la lucha por esta causa común Canarias y Andalucía, hay otras comunidades que sufren este impacto negativo en sus cuentas, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, las tres gobernadas por el PP, de las que se desconoce su posición. Rivero sí ha tomado la iniciativa y ya ha hablado con el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y con el valenciano, Alberto Fabra, pero esquivó profundizar en el contenido de sus conversaciones, limitándose a decir que coinciden en que "tienen menos recursos para los servicios básicos" y que "todos queremos una corrección".

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