Comisión de los ERE

Griñán alega que el informe del interventor no detectó fraude alguno

  • El presidente andaluz emplea la comparecencia para atacar las acusaciones del PP y reivindica que la Junta denunció los hechos.

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El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, llegó ayer a la comisión de investigación de los ERE con ganas de defenderse. Quería un cara a cara con el PP que le viene acusando desde hace año y medio de mirar para otro lado, de ocultar e incluso de destruir documentos. Quería aprovechar la oportunidad de dar carpetazo a lo que considera un "juego sucio" que ha dañado su honor. Retó: "Que me lo digan ahora mirándome a los ojos y que me lo digan fuera, para que yo me querelle". Pero su actitud desafiante, también la combinó con argumentos. Como presidente andaluz, se escudó en que se ha limitado a seguir la senda abierta por Manuel Chaves: que la Junta lleve ante la Fiscalía cualquier ayuda bajo sospecha y convertirse en acusación, nunca en acusada. Y en su anterior etapa como consejero de Economía y Hacienda, nunca supo ni tuvo por qué saber nada del informe del Interventor General.

Bajo esta fórmula, Griñán se situó a sí mismo como el último en incorporarse a la nómina de quienes estando en la cúspide del organigrama de la Junta desconoció el informe y las quince advertencias lanzadas por el ex interventor general Manuel Gómez sobre los supuestos desmanes cometidos en las ayudas sociolaborales con cargo a la partida 31-L, el fondo de reptiles. No lo supo cuando estaba al frente de Economía porque nunca llegó a sus manos el documento, y porque no tenía por qué llegar. La coartada de que no era su competencia ya se la habían servido en bandeja en sus anteriores comparecencias su predecesora, Magdalena Álvarez, y su sucesora, Carmen Martínez Aguayo. Por eso, nunca pudo ser el bombero que debía acudir a sofocar el incendio que detectó el ex interventor, y que describió en su comparecencia en el Parlamento el pasado mes de julio. Un foco en el que, según Griñán, no se puso en tela de juicio la legalidad del procedimiento ni detectó irregularidades ni fraude alguno, y si fue más allá era para decir que este era "manifiestamente mejorable".

Si estos dos fueron los principales pilares de su estrategia de defensa, habría un tercero que acabó por convertirse en un galimatías jurídico. El menoscabo de fondos públicos o el fraude que acabó por desviar 1.200 millones no fue lo que destapó el interventor general. Según Griñán fue una mera "discrepancia" sobre el procedimiento, si eran ayudas o subvenciones extraordinarias -resultado de ciertas "lagunas" jurídicas- , si debería haber o no más mecanismos de control. Pero todo estaba dentro de la legalidad vigente. "Se dijo que la escalera de incendios era lo mejor, pero no que había fuego", resumió el presidente.

Pero los resultados están ahí, hay una causa judicial abierta que salpica, por ahora, a unos 60 imputados, entre ellos, altos cargos de la Junta como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, un ex viceconsejero y tres ex directores generales de Empleo, entre ellos, el que se le sitúa como la principal cabeza de la trama, Francisco Javier Guerrero, que permanece en prisión preventiva. De ahí que Griñán acabara por admitir que, si bien responsabilidad directa política no tuvo, algo falló y debería haberse dado una "mayor vigilancia", una conclusión fácil si se parte de un "conocimiento retroactivo" que convertiría en culpables a todos, incluido el propio Parlamento, pero que no le impidió entonar al final un "mea culpa".

Y si los controles no funcionaron, ¿de quién es la responsabilidad? La maniobra de reducir el escándalo al ámbito exclusivo de la Consejería de Empleo no es suficiente. Ya se ha oído en reiteradas ocasiones en la comisión de investigación. Tampoco cabe la Consejería de Economía y Hacienda, cuyos tres últimos titulares han venido defendiendo que no tenía una posición "jerárquica" sobre este ni ningún otro departamento, lo que justifica su inacción. Ante la insistencia de la diputada de IU, Alba Doblas, Griñán quiso apuntar en otra dirección. Hacia la propia Intervención General, de la que aseguró que de saber lo que estaba pasando en Empleo era la primera que debía haber intervenido, es decir, debería haber "apagado" un incendio para el tenía "medios" suficientes. Si no lo hizo, su conclusión fue que las llamas no deberían ser de tanta envergadura y, menos aún, cuando este organismo era el encargado de dar el visto bueno a las transferencias de financiación y de cuantas ampliaciones de crédito se autorizaron para reforzar un fondo que, "mayoritariamente" tuvo un buen uso y cumplió el objetivo para el que estaba diseñado (también el Parlamento los aprobó). El otro órgano de control que pudo haber intervenido y no lo hizo fue la Cámara de Cuentas, que nunca planteó duda alguna a lo largo de los diez años sobre un procedimiento amparado en lo que es la ley de leyes de una comunidad, los Presupuestos autonómicos.

Aunque la responsabilidad política es algo que deberá dirimirse ahora por la comisión de investigación que, a la espera del informe definitivo de la Cámara de Cuentas (estará listo en los próximos días), ya cierra sus puertas para sentarse cada grupo a deliberar, lo que sí está claro es que con independencia de sus conclusiones, el caso de los ERE ya ha pasado factura política. En las urnas y el pasado 25 de marzo. Sus consecuencias, unidas a las no menos importantes derivadas de la crisis, dejaron al PSOE con los peores resultados en 30 años de autonomía, junto con los de aquel bienio de la pinza (1994-1996). Y así se encargó de recordarlo el que hoy es presidente gracias al pacto de gobierno PSOE-IU.

A la vista que el flanco de las competencias no daba de sí, el PP prefirió centrar su ataque en la poca colaboración del Gobierno andaluz con la Justicia, siendo el primer episodio las trabas a la entrega de las actas de los Consejos de Gobierno. La Junta planteó un conflicto de competencias por considerar que estas eran deliberaciones secretas, pero que luego acabaron en manos de la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya. Se contaron por miles los documentos y con su entrega, Griñán quiso desmontar la teoría popular de la obstrucción, pero también de la destrucción de documentos, y de la que el PP le ha señalado a él como ordenante. Quiso defenderse de lo que definió como un "juego sucio", fruto de esa estrategia constante en la que están instalados los populares en su afán por un "rescate político" de Andalucía, y que se les escapó en las últimas elecciones. Lamentó que no se le pidiera perdón .

Sea cual sea el resultado final que tenga la comisión de investigación de los ERE, el deterioro de la imagen y la actividad política debe tener una reacción causa-efecto, que para Griñán se resume en que "nunca, nunca, nunca un gobierno socialista va a proteger ni amparar corrupción. Si algún cargo público intenta aprovecharse, ya sabe que lo que le espera: la Justicia". 

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