A Rajoy hay que darle un respiro; si cae, ¿qué viene después. ¿Un Gobierno con Isidro Fainé (presidente de La Caixa) y de Mario Fernández (presidente de la BBK) como ha propuesto Borbolla? ¿Los que iban a tomar el Congreso?". La reflexión, casi textual, no parte de un miembro del PP andaluz, sino del PSOE. De uno de sus principales dirigentes.

Detrás del telón del teatrillo de la política, ése que oculta los debates parlamentarios donde sólo se busca ganar una diatriba dialéctica o alcanzar un buen titular, hay algo de sensatez, aunque parezca difícil de creer en estos días. El Gobierno andaluz de José Antonio Griñán y el de Mariano Rajoy han encontrado una vía de cooperación, que debe quedar patente en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo martes en el Senado, y cuyo objetivo compartido, a pesar de algunas diferencias sustanciales, es salir de allí con una imagen clara de consenso entre las administraciones. Es posible que el acercamiento que se está produciendo entre ambos gobiernos de distinto signo sólo sea una calma pasajera, pero lo motivan dos temores compartidos: el político, que proviene del desafío independentista de Cataluña y una posible victoria de Bildu o del PNV en las elecciones del 21 de octubre, y la crisis económica, que ha dejado a las autonomías en los huesos. En la Junta casi no pagan nada más que los sueldos.

En el discurso que Griñán pronunciará en la reunión de los líderes autonómicos cita hasta cinco veces la palabra consenso, y comienza así: "En la actual situación de España, la Conferencia de Presidentes constituye una oportunidad para lograr un consenso básico". El texto fue enviado el jueves pasado desde el gabinete del presidente andaluz a Soraya Sáenz de Santamaría, la número dos del Gobierno de Rajoy, y se lee lo siguiente: "Salir de la crisis significa avanzar en cuatro ámbitos en los que la Conferencia de Presidentes debe mostrar consenso y una posición común con el Gobierno de España para que asuma la iniciativa".

El acercamiento entre Rajoy y Griñán comenzó este verano, pero el pasado lunes, la consejera de Presidencia, Susana Díaz, percibió en Moncloa el giro del Gobierno central hacia las autonomías cuando Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que las comunidades no eran el problema del gasto público español, el agujero de España, sino una parte de la solución. Junto a Sáenz de Santamaría se encontraban el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el director de la Oficina Económica, Álvaro Nadal, y en frente estaba Susana Díaz, que ya sabía que el Gobierno había aceptado revisar el sistema de financiación autonómica. Un modelo que se ha revelado como dañino para Andalucía, a pesar de que fue diseñado en 2009 por un Gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero. El camino pactado es que, a partir de la Conferencia de Presidentes, el Gobierno activará el comité técnico de evaluación para ver cómo ha funcionado este reparto de fondos entre las comunidades autónomas, y que ha dejado a Andalucía, junto a Murcia y a Canarias, en los peores lugares del reparto de fondos por habitante. El sistema se iba a evaluar con los datos de 2013; tendría una vigencia hasta 2014, y se contemplaba una prórroga de dos años. Ahora, todo se adelanta.

El actual sistema de financiación fue apoyado por Griñán en 2009, aunque la que realmente ganó fue Cataluña debido al pacto que el entonces presidente José Montilla tejió en silencio con la ministra Elena Salgado. Al modelo le ha pasado como al comunismo: que, según sus defensores, debe ser muy justo, aunque nunca haya funcionado; al menos, para los intereses andaluces. Y es que el modelo buscaba dos objetivos conducentes a la esquizofrenia: que todos los ciudadanos españoles tuvieran nivelados sus servicios con independencia de la comunidad donde viviesen a la vez que no salieran perdiendo las regiones más ricas.

Ya en 2010, poco después de aprobarse la ley que reparte los fondos entre las autonomías, Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico del CSIC, decía lo siguiente en la Revista de Economía Pública: "Según mis proyecciones, Cataluña, tal como se espera, mejorará significativamente, pero ganará más Madrid y no se acercará Valencia. Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha caerán por debajo del 94%". Bueno, pues así ha sido: según la liquidación de 2010, Canarias recibe 1.954,2 euros por habitante, un 84% si consideramos que la media es 2.301; Murcia, un 94,6%, y Andalucía, un 95%.

La explicación de Griñán y de su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, es que el Gobierno no ha aportado a Andalucía nada de los llamados fondos de convergencia, los que deben aproximar a todas las comunidades hacia la media. Y es cierto -cero euros para Andalucía de estos fondos correctores-, pero no lo es menos que expertos como Ángel de la Fuente ya calificaban al sistema como "más opaco", "más complejo" e incapaz de resolver los problemas. Y, así, ha sido.

Un miembro del Gobierno de Griñán lo explicó a este medio: "Yo no lo he dicho, pero lo aprobamos nosotros". En efecto, aquello se diseñó bajo la presión del PSC de José Montilla, que consiguió ese objetivo momentáneo, aunque Zapatero, al igual que le ocurrió con el Estatut, no cayó en la cuenta de que las peticiones catalanas no sólo nunca son saciadas, sino que, además, provocan frustración.

Pero a Susana Díaz, claro está, no se le escapó lo que es un clamor: el desencuentro total entre Soraya Sáenz de Santamaría y la secretaria de su partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, porque a la vez que una limaba asperezas con las autonomías, la otra, en la sede de Génova, daba una rueda de prensa para comunicar que los barones del PP no iban a permitir que se cambiase el sistema de financiación autonómica. Y eso que el PP votó en contra de este texto legal en 2009.

Además de conseguir la revisión del sistema de financiación, la Junta confía en que el Ministerio de Hacienda le elevará el techo de endeudamiento para 2013, después de habérselo bajado en julio y dejarle sin 2.735 millones de euros sin los cuales será posible cuadrar el próximo Presupuesto de la Junta. Según fuentes del Gobierno andaluz, no se llegará al 15,1% del PIB requerido, pero se le aproximará. Podrán salvar los muebles.

Este acercamiento no evitará, sin embargo, que Madrid y Andalucía mantengan abiertos varios conflictos. Por ejemplo, los PGE incumplirán, por segundo año consecutivo, la disposición adicional tercera del Estatuto, que obliga al Gobierno a gastar en Andalucía el 17,8% del porcentaje regionalizado del conjunto de las inversiones.

Griñán aprovechará la Conferencia de Presidentes para reclamar la reforma del Senado como cámara territorial para que deje de ser un parlamento de segunda lectura que no sirve, prácticamente, para nada. Su opinión es que la transformación del Senado es lo que, realmente, cerraría el proceso autonómico español para convertir al país en un Estado federal. Sin asimetrías, claro, que es lo que defiende el PSC. Eso, y un sistema de financiación permanente. Pero no hará de este asunto -el del Senado- un motivo de choque con el Gobierno de Rajoy, que no desea abrir el melón español en estos momentos.

Griñán ha ejemplificado lo que ocurre con la interlocución de las autonomías en el Estado del siguiente modo: para hablar en Madrid, el presidente regional debe hablar "desde un foro en un hotel" o esperar años a que Moncloa decida celebrar una conferencia que ni siquiera está institucionalizada. Por eso quiere otro Senado: el del modelo alemán.