El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, tiene previsto presentar un escrito a través de su abogado a primeros de septiembre en el que solicitará a la juez encargada del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, su puesta en libertad sin fianza ante la "imposibilidad" de reunir "ni de lejos", los 250.000 euros impuestos por la juez. 

Según ha informado su defensa, Fernando de Pablo, en los próximos días se presentará ante Mercedes Alaya la solicitud de libertad, ya que, según dichas fuentes, "hay razones de sobra para concedérsela". 

En este sentido, De Pablo alega que una de las razones de peso que se presentarán en el escrito es que la fianza, por concepto, debe ser una cantidad "alcanzable" de alguna manera, aunque haya que hacer un esfuerzo. En el caso de Guerrero, esos 250.000 euros son "inalcanzables". "Si tuviera la más mínima posibilidad de llegar a esa cifra ya estaría fuera".   

Así ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla presentará un escrito solicitando su libertad sin fianza o, en todo caso, con una fianza mucho más reducida de la que ahora se le pide y que "no puede afrontar". En el caso de que la juez denegara la solicitud presentada, según añaden las mismas fuentes, la defensa de Guerrero presentaría un recurso.

Por otro lado, en relación a su declaración el pasado miércoles 22 de agosto ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, su abogado ha señalado que le habría gustado haber podido responder a las preguntas y que, en estos momentos, se encuentra "un poco irritado" con las declaraciones de algunos de los comparecientes, pues "tratan de hacer que parezca que él es el culpable de todo".

Cabe destacar que la situación de Guerrero difiere de la del resto de imputados citados a declarar por la comisión, puesto que este último aún permanece en prisión, al contrario del ex consejero Antonio Fernández, quien sí consiguió los 450.000 euros de fianza que le habían sido impuestos. 

Guerrero, que permanece en prisión desde el pasado día 10 de marzo en Sevilla-I, está imputado por sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

En un auto decretado por la juez Mercedes Alaya el pasado 12 de julio, esta concedía la libertad al ex director general de Trabajo bajo fianza de 250.000 euros, sin embargo, este no ha podido reunir tal cantidad hasta la fecha, razón por la cual continúa en prisión.