Julián Muñoz culpa a las órdenes de Jesús Gil el pago de las minutas a Del Nido

  • La defensa del ex alcalde de Marbella dice en su informe final que era un mero "espectador" sin capacidad para tomar decisiones

Julián Muñoz era un mero "espectador" en un Ayuntamiento en el que el único que "hacía y deshacía" era Jesús Gil, al margen de quien estampara la firma en los decretos de Alcaldía. Ésta es la estrategia única y monocorde que el ex alcalde de Marbella mantiene en todos los procedimientos judiciales que tiene abiertos y que ayer también desplegó su defensa en su informe final del caso Minutas, por supuestos pagos fuera de control a José María del Nido, letrado y presidente del Sevilla FC.

Del Nido ha reconocido que en 1999 lo fichó Jesús Gil en el transcurso de una cena para que liderara la estrategia municipal ante el Tribunal de Cuentas cuando comenzó a investigar la contabilidad local. Sin embargo, quien puso su nombre y rúbrica en el encargo formal fue Julián Muñoz, entonces teniente de alcalde.

El abogado Luis Carlos Gómez de la Borbolla, que representa al ex alcalde de Marbella en el caso Minutas, aludió en su informe final al "poder unipersonal" que el fallecido Jesús Gil ejercía. Desde su punto de vista daba igual que se tratara de contratar a un abogado para el Ayuntamiento o para una empresa municipal. De acuerdo con su tesis, allí nadie podía mover un dedo si ese dedo no respondía a una orden del alcalde fallecido.

Esta situación se mantuvo incluso cuando, ya inhabilitado Gil, Julián Muñoz fue elegido alcalde, hasta el punto de que cuando "trató de tomar decisiones propias", Jesús Gil se "unió a sus enemigos", Carlos Fernández e Isabel García Marcos, para promover una moción de censura que lo descabalgó de la Alcaldía.

Gómez de la Borbolla, además, cuestionó el "énfasis" de la Fiscalía Anticorrupción y del Ayuntamiento de Marbella, que ejerce la acusación particular, al criticar que el abogado sevillano fuese contratado directamente, sin mediar concurso público.

Julián Muñoz se enfrenta en esta causa a 28 años de cárcel y cerca de 70 de inhabilitación por los presunta prevaricación, fraude y delito societario.

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