La Junta exige a Gallardón que concrete cómo se repartirán las tasas judiciales

  • El consejero de Justicia, Emilio de Llera, cree que la distribución no será equitativa y que el Gobierno lo utilizará como una "coacción" para tratar de recuperar por parte del Estado la gestión de la Justicia gratuita

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Nuevo frente de batalla de la Junta con el Gobierno central, en este caso, a costa de la ley de tasas judiciales. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, reclamó ayer al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que concrete cómo se repartirá el dinero procedente de las tasas judiciales que debe ir destinado a mejorar la financiación del sistema judicial y, en especial, de la asistencia jurídica gratuita. Emilio de Llera recordó ayer que la Junta continúa estudiando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas, pero aun así entiende que el Gobierno debe aclarar el uso que se dará a los ingresos que se reciban por las tasas. El consejero señaló a este periódico que la distribución del dinero para la Justicia gratuita se establece, según la propia norma, "conforme a lo que digan las leyes de Presupuesto, por lo que describe un momento posterior y una decisión Parlamentaria, donde el PP tiene mayoría absoluta". De Llera se preguntó si el Gobierno va a gastar ese dinero "sólo en el territorio de su competencia o va a ceder una parte a las comunidades autónomas" que tienen transferidas las competencias y se encargan de sufragar el coste de la Justicia gratuita, que para el año próximo ascenderá en Andalucía a 44 millones.

La Junta sospecha que ese reparto de las tasas "no va a ser equitativo" y el Gobierno lo utilizará como una manera de "coaccionar" a las comunidades autónomas, por cuanto cree que al final lo que se pretende es recuperar la gestión de la Justicia gratuita. "Creo que van buscan gestionar la Justicia gratuita, que cedamos el pago de este servicio al Estado y quitarnos las competencias en materia de Justicia gratuita", advirtió el consejero, que añadió que la Junta se opondría a esta medida por cuando "se ha demostrado que la gestión cercana desde las comunidades autónomas es más eficiente y beneficiosa para los servicios" y recuerda que cuando la totalidad de las competencias estaban centralizadas, los jueces y fiscales andaluces ni siquiera contaban con ordenadores.

El consejero apuntó además que sólo un porcentaje del dinero que se recaude por la vía de las tasas irá destinado a sufragar la Justicia gratuita y, en este sentido, precisó que las tasas sólo sufragarán "como mucho el 20%" del coste de este servicio.

Emilio de Llera criticó la ley de tasas, que ha conseguido unir en su contra a todos los operadores jurídicos, por cuanto la norma "no regula unas verdaderas tasas, ya que el importe obtenido no se vincula a financiar el servicio prestado al ciudadano, sino a la financiación de la Justicia gratuita". El consejero insistió en que "para colmo, la ley no prevé la distribución del beneficio económico que obtenga entre el Estado y las comunidades autónomas que financian la Justicia gratuita".

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