La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente aseguró ayer que tras pasar las competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al Estado, el Gobierno andaluz entregó las obras de la estación de depuración de aguas residuales (EDAR) de Almonte-Rociana y Bollullos "al 99%" de ejecución en 2011, por lo que ahora son competencia del Gobierno central. Según informaron fuentes de la Consejería, la deuda de 2,1 millones de euros con la empresa constructora, a la que se refirió este miércoles el Ayuntamiento de Almonte, "no está acreditada" por ningún técnico de la Junta ni de la Confederación. El caso es que las dos depuradoras están paralizadas, lo que tiene en pie de guerra a los ecologistas y autoridades europeas, por lo que supone de llegada de residuos al Doñana.

El conflicto surge a raíz de que el alcalde del municipio, José Antonio Domínguez (PP), asegurara días atrás que la Junta "sólo ha asumido el coste de 5,1 millones de parte de las obras, y tiene que abonar otros 2,1 que corresponden a un modificado de las obras realizado sin contrato y cuyo pago reclama la constructora para finalizar las obras". A este respecto, estas fuentes de la Junta precisaron que esta obra se adjudica cuando las competencias pertenecen al Estado y, según explican, "el contratista reclamó una modificación que suponía el incremento del 20%" de la cantidad fijada en un principio, algo que no está corroborado por ningún técnico.

La Junta defiende que lo único acreditado es "un incremento del 5%" del valor de las obras "pero que no puede asumir el Gobierno andaluz sin acreditación técnica", por lo que precisan que "lo que deben hacer tanto el Ayuntamiento como la Confederación es impulsar las obras y finalizarlas". Respecto a su finalización, desde la Junta aseguran que "lo que queda es una toma eléctrica con un valor de 150.000 euros".

Por su parte, el alcalde de la localidad almonteña sostiene que bajo el Gobierno del PP "se completaron todas las obras, a excepción de las EDAR de Almonte-Rociana y Bollullos, que debían haber ejecutado la administración socialista y que ocho años después, siguen sin estar acabadas".