La Junta asegura que su subasta de medicamentos es totalmente legal

  • El SAS no ve racionalidad al recelo del Ministerio de Sanidad ante un concurso público para obtener mejores precios

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Si no hay acto administrativo, no cabe recurso posible. Así de clara ve la Consejería de Salud la viabilidad jurídica de su propuesta de ahorro en la factura farmacéutica pública mediante la subasta de principios activos al mejor postor. La iniciativa está planteada en el contexto de la negociación de algunos contenidos del convenio que regula las relaciones de la Administración sanitaria andaluza con los colegios de farmacéuticos. La idea cuenta con la oposición explícita de estas instituciones, de la industria farmacéutica y del Ministerio de Sanidad, además del rechazo oficioso pero silente, hasta la fecha, de las empresas de distribución de medicamentos, la mayoría controladas por los boticarios. Quienes se oponen a este proyecto aducen que invade la competencia ministerial de fijar el precio de los medicamentos, que rompe la unidad del mercado español y que atenta contra la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

El SAS entiende que juega dentro de la ley. Porque su proyecto, de concretarse, consistiría en un concurso público que ya se utiliza en el ámbito hospitalario; se refiere técnicamente a principios activos, no a medicamentos; no supondría una modificación de precios, sino una rebaja en función de las leyes del mercado; respeta los márgenes de la distribución y las boticas; y se aplicaría en el territorio delimitado por un convenio entre dos partes, denunciable por cualquiera de ellas pero no recurrible.

Así las cosas, la Administración sanitaria andaluza no ve racionalidad en la posición del Ministerio de Sanidad, que percibe con recelo esta iniciativa: la que tiene más posibilidades de prosperar de las abiertas últimamente por algunas comunidades autónomas para intervenir sobre el gasto farmacéutico, que pagan ellas, no el Ministerio. Precisamente, ayer, en la reunión preparatoria del Consejero Interterritorial del próximo jueves, los portavoces de los diferentes servicios regionales de salud expresaron su rechazo, por encima de sus respectivas adscripciones políticas, al paquete de medidas legislativas farmacéuticas planteadas en el orden del día. Varias de ellas condicionarían, de aprobarse, algunos elementos de la estrategia del SAS (que rebasa el ámbito de la subasta de principios activos) para gestionar el presupuesto de farmacia y obtener ahorros adicionales a los de otras medidas puestas en marcha por el Gobierno central.

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