La Junta confía en que el Supremo le dé la razón sobre las actas de los ERE

  • El Alto Tribunal atiende la petición del Gobierno andaluz para intervenir ante el conflicto con la juez Alaya y designa a un ponente · Arenas y Valderas comparten que se abran las actas de los consejos de Gobierno

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El Tribunal Supremo decidirá si la juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, es competente para abrir los sobres lacrados que contienen las actas de los consejos de Gobierno desde 2001 (480) y que están depositadas desde abril en un armario acorazado bajo custodia del juzgado. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, confió ayer en que "la última palabra la tiene el Tribunal Supremo" tras el nuevo revés sufrido el miércoles cuando la Audiencia Provincial de Sevilla dictaminó que estas actas no son secretas.

La Junta planteó un conflicto de competencias y emplazó a la juez a inhibirse y que decidiese el Supremo, pero ésta paralizó la tramitación del conflicto de jurisdicción a la espera de la decisión de la Audiencia, que le ha resultado favorable.

No obstante, e independientemente de que la juez acuda al Supremo, la Junta se dirigió hace un mes (el 23 de mayo) directamente al Supremo para que interviniera en el asunto. Éste ha atendido su petición y ya ha designado un ponente para resolver el litigio, según filtró el propio Gobierno andaluz tras conocer el varapalo de la Audiencia. A favor de la Junta ya se alineó la Fiscalía al entender que la juez invadía sus competencias. Ahora tendrá que presentar sus alegaciones.

Este embrollo judicial entre la Junta y la juez tiene la pretensión, según dijo la consejera de la Presidencia en una entrevista radiofónica, de crear jurisprudencia, ya que "queremos que el Supremo se pronuncie para que esto no sea una cosa de Andalucía, es decir, para que la decisión que tome sirva para toda España y sirva de precedente", manifestó Moreno.

La Junta entiende que la juez, con su petición de revisar las actas de todos los consejos de Gobierno, no puede hacer una causa general contra la Junta. Alaya aclaró en una resolución que únicamente solicitó los acuerdos y otras circunstancias que deben figurar en las actas de los consejos de Gobierno, que no tienen el carácter de documentos reservados o secretos. La Junta también se opuso a que la juez paralizara el conflicto de competencias y entiende que no tiene amparo legal para hacerlo.

Pese a estas notorias discrepancias, Moreno insistió en el argumentario de que "no tenemos el menor conflicto con el juzgado". "La juez Alaya y la Junta de Andalucía queremos lo mismo, que es sentar a los culpables en el banquillo y es todo lo que estamos haciendo", afirmó Moreno, que lamentó que "haya una discrepancia de carácter jurídico y se le intente elevar un poco el volumen por cuestiones políticas (en alusión al PP), para que parezca que no colaboramos".

Precisamente el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, aprovechó ayer el auto dictado por la Audiencia para pedir al presidente de la Junta que "renuncie a la pelea con la justicia" y facilite "cuanto antes" toda la documentación que solicita la juez. En la investidura del nuevo presidente de la Diputación de Málaga, Arenas criticó que el Gobierno andaluz está "desde el primer día obstruyendo la investigación de los ERE", con la juez y al negarse a celebrar una comisión de investigación en el Parlamento andaluz.

También el coordinador general de IU en Andalucía, Diego Valderas, consideró ayer que la Junta se equivocó en el caso de los ERE desde el momento en el que negó la comisión de investigación y "desde ese momento han ido cometiendo error tras error y éste ha sido el último de ellos". Valderas dijo que IU siempre ha entendido que el Gobierno andaluz "se equivocaba" al negar las actas, ya que IU entiende que éstas tienen el carácter de "públicas", no así las deliberaciones.

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