La Junta descarta ERE en sus empresas pero ordena bajar los sueldos un 5%

  • El Gobierno autonómico da instrucciones a los directores de sus sociedades mercantiles para que apliquen el decreto del recorte salarial a sus plantillas

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El Gobierno andaluz no contempla presentar expedientes de regulación de empleo (ERE) en las empresas públicas de la Junta, pero sí aplicará el ajuste salarial sobre sus trabajadores. Tampoco es una posición inamovible. El futuro dirá. Porque la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, se encargó ayer de dejar muy claro que se hará así "de momento".

Lo que sí constituye una posición firme es la intención del Ejecutivo de ejecutar el ajuste salarial, al igual que en toda la Administración, también en esas empresas, una medida que afectará a 40.000 trabajadores. "Tenemos confianza en que este proceso pueda llegar a buen puerto empresa a empresa", dijo Moreno al término del Consejo de Gobierno.

Los directores de esas sociedades mercantiles dependientes de la Junta han recibido ya instrucciones para que den el llamado tijeretazo, con una rebaja media del 5% en las retribuciones de sus empleados. Pese al rechazo de los sindicatos, que preparan movilizaciones y denuncias contra el decreto, Moreno concretó que el Gobierno socialista que preside José Antonio Griñán "respeta" ese posicionamiento y "comprende" su negativa al recorte. "Lo que no se entiende es que no quieran participar en una modulación de la equidad y progresividad del recorte en las empresas públicas. Lo contrario hubiera sido muy difícil de entender por los funcionarios", agregó la consejera.

Las medidas que recaerán sobre estas empresas se suman a las reducciones ya anunciadas de los sueldos de 285.000 empleados de la administración central de la Junta, de salud, de la docencia no universitaria y de justicia. El Boletín Oficial de la Junta (BOJA) publicó precisamente ayer el decreto que regula el recorte. En él se detalla la bajada de los salarios y se precisa quen se aplicará al personal laboral de las empresas públicas, salvo que sea por convenio colectivo.

En las consignas dadas a los máximos responsables de estas sociedades, la Junta ha remarcado que el ajuste se realice de manera proporcional y equitativa para el conjunto. Moreno se mostró convencida de que la casuística será amplia y expresó que el Ejecutivo tomará decisiones "según cada caso" porque "más allá de la posición de los sindicatos, entendemos que ya en el día a día de la práctica de las empresas va a resultar muy difícil explicar por qué no se apoya un criterio de igualdad y de proporcionalidad para los trabajadores de las empresas afectadas".

Los sindicatos volvieron a la carga contra estos planes de austeridad y advirtieron que "pueden generar problemas sociales en algunas empresas públicas por falta de dinero, lo que puede impedir que algunas de ellas salgan adelante". CCOO, UGT y CSIF lamentaron que el decreto que entró en vigor "incluye todo lo que nos temíamos, no hay sorpresas, salvo que es más extenso que el real decreto nacional", por lo que mantienen su intención de presentar recursos y denuncias, algo que sigue en estudio porque "es un proceso muy complejo, que además se está estudiando todavía con el real decreto ley nacional".

Las centrales sindicales se reunirán hoy con representantes de la Administración para negociar los servicios mínimos de la huelga convocada para el próximo día 8 en todo el sector público andaluz. En concreto deberán abordar con la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el caso del personal laboral y con la Consejería de Empleo para los servicios mínimos del personal funcionario.

Los sindicatos lamentaron además que aunque el recorte no se aplique en las pagas extra de junio, en la paga de diciembre "además del recorte establecido, nos quitarán la parte proporcional correspondiente a los seis primeros meses de 2010, por lo que la segunda paga extra se verá muy recortada".

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, lamentó la "solemne ingenuidad" de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a la hora de pretender aplicar el decreto de recortes de salarios de empleados públicos a través de la negociación de los convenios, tras lo que destacó que se vaya a producir negociación alguna en ese sentido. El dirigente sindical anunció que CCOO-A recurrirá el decreto de la Junta, toda vez que "supone la vulneración de un derecho fundamental como es la negociación colectiva". Carbonero lamentó también el "poco sentido común que tiene la Junta al decidir ir más lejos que el Gobierno central" y reiteró que CCOO "no va a entrar en negociaciones de ningún tipo por las rebajas salariales".

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