La Junta y sus empresas se darán 20 días para responder las consultas ciudadanas

  • La ley de transparencia obligará a todas las administraciones públicas y a las entidades privadas y ONG con contratos públicos a rendir cuentas No entraría en vigor hasta 2014

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La Junta se dará a sí misma y a sus empresas públicas un plazo de 20 días hábiles para contestar las peticiones de información que les hagan los ciudadanos. En caso de que el volumen o la complejidad de la solicitud lo requiera, prorrogará otros 20 días este plazo e informará de la ampliación al solicitante. La respuesta se dará en el formato que quiera el ciudadano, siempre que sea posible y lleve menos coste. El examen y entrega será gratuito, salvo excepciones que contarán con precios públicos.

Éste es uno de los desarrollos principales que prevé recoger la próxima ley de transparencia que el Gobierno andaluz formado por PSOE e IU quiere aprobar en el Consejo de Gobierno del 4 de junio y que tiene como propósito radical cambiar las relaciones que tienen las administraciones con los ciudadanos.

La ley afectará a todas las administraciones públicas andaluzas, es decir, además de la Junta y sus empresas públicas (también las sociedades mercantiles con más de un 51% de participación y las fundaciones), se incluirán los 771 ayuntamientos, las ocho diputaciones y todas las empresas públicas locales y asimiladas, el Parlamento y sus instituciones.

Además, según ha conocido en exclusiva esta redacción, esta obligación de suministrar información se extenderá a las empresas adjudicatarias con contratos del sector público y a los beneficiarios de subvenciones. De negarse, la Administración prevé multas que no podrán superar el 5% del importe del contrato o subvención. Se insta además a las empresas con conciertos en educación, sanidad o servicios sociales y a los adjudicatarios indirectos a publicitar sus contratos.

El espíritu que alumbra esta ley no pasa por que las administraciones sean transparentes a voluntad de los ciudadanos o profesionales (que también, ya que se podrán hacer peticiones concretas), sino que se basa en una "publicidad activa", es decir, obligatoria para todas las administraciones. Un "cambio de mentalidad" que destierre otra "mentalidad opaca y quizá oscurantista" (herencia decimonónica, dice), según admite la propia Junta. Toda la información se actualizará al menos trimestralmente.

Este proyecto de ley que la Junta prevé aprobar en una semana y que es uno de las medidas estrella de legislatura de PSOE e IU no entraría en vigor hasta 2014. A falta del trámite parlamentario, el texto establece que la ley entraría en vigor seis meses después de su publicación, por lo que estaríamos hablando de mediados de 2014.

La ley del Gobierno central, que dictará la normativa básica, explicaría esta demora. También la tarea que tienen las administraciones por delante.

Los ayuntamientos por ejemplo tendrán que acometer una "revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de sus ordenamientos jurídicos". Para ello deberán efectuar estudios, derogar normas obsoletas o refundir textos para responder a las necesidades ciudadanas. Habrá formación de empleados públicos y la Consejería de Hacienda elaborará un plan de calidad y simplificación normativa. Los ayuntamientos pequeños podrán pedir ayuda.

Y es que las administraciones van a tener que dar a conocer toda su información institucional y organizativa, con un único límite: la protección de datos personales.

No obstante, se prevé que se pueda dar el resto del documento "previa disociación" de estos datos. Estos límites también están previstos en el anteproyecto de ley del Gobierno, que se ha retrasado sine díeaunque fue una de las primeras promesas de Mariano Rajoy. La Junta va a tomarle la delantera y presentará la ley como un "referente".

Será la Junta quien regule por primera vez que todas las administraciones presenten las relaciones de puestos de trabajo, con sus remuneraciones. Se conocerá el número de cargos de confianza. También las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes, los procesos de selección de personal o el número de liberados, otro de los agujeros negros del sector público. La Junta hará inventario de sus empresas públicas, de sus bienes y derechos (alquileres, coches oficiales...) y publicará un informe anual de la inspección general.

Los altos cargos ya declaran sus bienes e intereses, pero se prevé que se les pida sus retribuciones de cualquier naturaleza (indemnizaciones por vivienda, por ejemplo), algo que también será extensible a los "máximos responsables" de las empresas públicas. También se conocerán las retribuciones cuando dejen el cargo (cesantías).

Nada se proyecta por ahora sobre una de las peticiones del PP: un listado de familiares de altos cargos que contraten con la Administración. Nada tampoco sobre que las empresas contratantes con la Junta presenten una declaración responsable para saber si tienen o no relación de servicios con los partidos del Gobierno. Sí se recoge la propuesta del PP de que los contratos administrativos se den a conocer con frecuencia o la publicidad del gasto público en campañas de publicidad institucional (nada sobre protocolo).

¿Y si las administraciones no cumplen? La Junta creará una agencia de transparencia y protección de datos, con una persona "independiente" al frente que se encargue de velar por el cumplimiento de una ley que tiene la intención de llevar la transparencia a todas las administraciones públicas.

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