La Junta libera 1.052 millones en obra pública para acelerar la economía

  • Los proyectos se centran en carreteras, infraestructuras ferroviarias, vivienda protegida y centros sanitarios o educativos · Previsión mínima de 3.000 empleos · Un decreto-ley eliminará trabas administrativas

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A principios de febrero llegó el anuncio de Manuel Chaves, presidente de la Junta: se aprobará un paquete de obra pública por más de mil millones de euros. Estas licitaciones, aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno, inundaron de inversiones todas las provincias andaluzas con proyectos centrados en carreteras, infraestructuras ferroviarias, vivienda protegida y centros sanitarios y educativos. Se sumaron actuaciones en distintas materias, como el medio ambiente y la dotación de equipamientos.

Las obras tienen un escenario futuro entre el presente año y 2010, si bien la intención es que una cuarta parte de ellas estén en marcha antes del verano. "Tenemos un volumen de obra pública inigualable con otra época de nuestra historia reciente, y es importante en lo que significa de inyección para otras empresas y para el mantenimiento de puestos de trabajo", aseguró Gaspar Zarrías, vicepresidente primero de la Junta.

Por su cuantía, dentro de los acuerdos aprobados destacó el apartado de carreteras, con 391 millones de euros. De ellos, más de cien se destinarán a los nuevos tramos de las autovías del Guadalhorce y el Almanzora; casi 116 millones servirán para la seguridad vial, y 55 para vías de carácter metropolitano, como la ronda urbana sur de Mairena del Aljarafe o el distribuidor norte de Jaén. Del total de los proyectos, se extrae una previsión mínima de empleo, directo e indirecto, de unos 3.000 empleos, aunque sólo siete de los proyectos anotan este cálculo.

Para hacer frente a la crisis, el Consejo de Gobierno concretó otro de los recientes anuncios de Chaves: la eliminación de trabas administrativas.

Así, Zarrías informó de la aprobación de un decreto-ley de medidas urgentes para dinamizar la actividad económica que requiere de la modificación de hasta 140 normas. Por ejemplo, introduce cambios en la Ley 5/1983 de la Hacienda Pública, para agilizar las modificaciones presupuestarias siempre que sean por un valor inferior a tres millones de euros. También el silencio administrativo se cambia de negativo a positivo en siete procedimientos: tres de ellos sobre creación de cooperativas, tres a autorizaciones relacionadas con los fondos de archivos y museos y uno de pesca.

La norma reduce los plazos para resolver y notificar 38 procedimientos que afectan a 11 consejerías de la Junta en autorizaciones, concesiones, permisos, sanciones, desahucios o inscripciones registrales, entre otros. Persigue que se beneficie a los sectores industrial, agrario o medioambiental.

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