La Junta de Andalucía no quiere dar su brazo a torcer ante el recorte de 395 millones del Gobierno central a las políticas activas de empleo y cree haber dado con una nueva fórmula para presionar: pedirá por carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, una reunión de urgencia para que rectifique esta rebaja presupuestaria que tendrá como consencuencia primera la pérdida, sólo hasta el 30 de junio, de hasta 1.330 empleos de personal especializado en la promoción y ejecución de estas acciones. Para dar un margen de tiempo para la búsqueda de una solución, la Junta ha dedicido asumir en solitario el pago de las nóminas de estos promotores de empleo hasta septiembre, aunque en función de su capacidad presupuestaria.

El plazo para recibir una respuesta positiva a esa reunión sería de 20 días, tal y como expuso en comisión parlamentaria el consejero de Economía y Empleo, Antonio Ávila, que quiso dejar claro que si hay menos recursos es "responsabilidad exclusiva" del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que en un momento crítico ha decidido disminuir en un 57% el presupuesto para estas políticas -mientras sólo se ha reducido un 7% el presupuesto de este Ministerio-.

Esta medida de presión supone un elemento más en el discurso de la Junta. A finales de mayo, tras la reunión de la conferencia sectorial, Ávila anunciaba su disposición a impugnar el reparto estatal de los recursos para estas políticas por el castigo que supone para la comunidad con mayor tasa de desempleo del país (un 33%) y sin atenderse su peso poblacional, que era un criterio que hasta ahora había estado vigente. Esta distribución de fondos perjudicaba también a Extremadura, pero que se ha visto compensado con un plan extraordinario de empleo que, por ahora, se está denegando a la comunidad andaluza pese a que lo demanda.

Este plan especial, precisamente, forma parte de una tabla reivindicativa aún más amplia, en la que también la Junta incluye soluciones a la paralización de las primas a las energías renovables o el pago de los 1.504 millones que se recogen en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Andalucía por las inversiones estatales no ejecutadas de los años 2008 y 2009 -fueron pactadas con el anterior Ejecutivo de Rodríguez Zapatero-. Una cantidad que parece difícil que se vaya a abonar, en primer lugar, porque el Gobierno ya ha anunciado que no hay recursos para dar cumplimiento a los estatutos de las comunidades autonómas, lo que también deja en suspenso el reparto proporcional de las inversiones estatales respecto a ese 17,8% del peso poblacional andaluz, y que ya se ha notado en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2012, donde se ha consignado en un 14,6%.

La reacción del PP a la carta que Ávila pretende enviar a la ministra de Empleo fue tirar por tierra su contenido. La portavoz en esta comisión de Economía, Teresa Ruiz Sillero, recordó que el presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo "no se ejecutó el 57%" el pasado ejercicio, y según las cifras que maneja su partido, entre 2012 y 2011, la Junta no invirtió 1.052 millones en políticas activas de empleo. Ante esta misiva a Báñez, ironizó con que los destinatarios de las misivas de Ávila deberían ser "quienes han defraudado 1.500 millones" en el escándalo de los ERE.