La Junta de Andalucía y el Gobierno central anunciaron ayer que vigilarán que el proyecto de desarrollo urbanístico en Valdevaqueros se ajuste de forma "escrupulosa" a la normativa ambiental como garantía de preservación de la franja litoral y la duna. Es la respuesta de ambas administraciones ante la controversia generada en la localidad y las redes sociales de Internet por la aprobación municipal del Plan Parcial que prevé la construcción de 350 viviendas y 1.400 plazas de hotel en 71 hectáreas del margen de la N-340 más alejado del frente litoral.

El propio alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil (PP), corroboró ayer el diseño urbanístico publicado por este periódico e incluso distribuyó a través de su gabinete de prensa un plano similar en el que el diseño de la trama urbana se queda en el margen de la carretera más alejado de la costa, siendo este vial el que marca la "frontera" del proyecto hacia la costa.

Con todo, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas (PSOE), ratificó que la Junta será "muy escrupulosa" con el respeto a la legalidad de dicho proyecto y a las normas españolas y andaluzas y que, en definitiva, son la trasposición de las normas europeas en cuanto a la protección del medio ambiente.

No aclaró si la Junta tiene la última palabra para autorizar la construcción del complejo hotelero e indicó que cada administración emite los informes correspondientes, sin querer "prejuzgar tomas de posición de un momento futuro". También zanjó cualquier posible discrepancia política entre PSOE e IU (ya que esta formación votó en contra en el municipio) alegando que las divergencias son "legítimas". También conminó a tener visión de futuro y evitar "errores del pasado".

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, sostuvo en Madrid que su departamento "salvaguardará" el litoral y la franja de dominio público marítimo terrestre, ambos ámbitos de su competencia. Ramos de Armas precisó que la postura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se centrará en "estudiar y recabar" la información sobre esta iniciativa y cerciorarse de que cumple la normativa vigente en materia de costas.

El secretario de Estado recordó que la actual Ley de Costas establece unas distancias y una protección del dominio de obligado cumplimiento sin que la modificación prevista del marco normativo le afecte.

Y en el plano netamente político, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, recordó que el proyecto hotelero cuenta "con todas las autorizaciones necesarias" para llevarse a cabo, y achacó esta polémica a posibles "nuevas discrepancias" entre los socios de Gobierno (PSOE e IU) y al desconocimiento. Sanz insistió en que no es un proyecto nuevo, sino que procede de 1990 cuando en Tarifa gobernaba el PSOE. "Se ha estado desarrollando con lentitud para contar con todas las autorizaciones necesarias desde la Junta de Andalucía", dijo.

Tras advertir de que el proyecto "no toca nada desde la playa hasta la carretera", el dirigente del PP dijo que los que lo están criticando "no saben de qué va" y que el Ayuntamiento de Tarifa, con el apoyo del PSOE, ha tomado decisiones muy importantes para minimizar el impacto.

Así mismo, la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta, Susana Díaz (PSOE), sostuvo ayer que la Junta no se dejará llevar "por la demanda" sino por que se aplique con rigor la normativa. "Nos va a regir un desarrollo sostenible y, lógicamente, también el desarrollo económico de nuestra tierra", concluyó.