"El acoso lo arreglamos entre nosotros". Eso fue, cuenta Jesús Maeztu, lo que le dijeron un grupo de niños en una reunión organizada por el Defensor del Menor cuando mencionaron la problemática del acoso escolar. No le parece a Maeztu una mala idea que los propios niños y adolescentes sean los mediadores en los conflictos que surgen en los centros educativos. Pero en la institución que lidera el ex sacerdote gaditano han encontrado múltiples carencias en la gestión de los casos, tanto en el trabajo que realiza la Administración como en el de los propios colegios e incluso en la reacción de las familias.

El reproche a la Administración es quizá el más importante, puesto que le solicita un registro de los casos de acoso mucho más detallado que el actual, que se limita a recoger el número de acosadores sin añadir más detalles, como las razones del conflicto, su duración en el tiempo y otras variables. "El primer caballo de batalla es el registro", dijo Maeztu durante la presentación del informe anual del Defensor del Menor, ayer en el Parlamento.

En 2015 se registraron 30 quejas y 38 consultas sobre el tema, unas cifras que no han variado mucho en los últimos ejercicios. Sin embargo, Maeztu recordó que, el año pasado, después de mencionar el tema en una intervención en Canal Sur, se dispararon las solicitudes de información. Por ese motivo cree el Defensor del Menor que puede haber un importante número de casos soterrados por las posibles reticencias existentes tanto en los centros educativos como en los propios progenitores a la hora de denunciar los casos de acoso.

"Las familias no pueden pensar que es una deshonra", afirmó Maeztu, que reconoció que puede haber temor en los equipos directivos de los colegios porque reconocer los casos de acoso pueda convertirse en un estigma. Y propuso un cambio de paradigma en este sentido al explicar que, en su opinión, "el colegio que de respuesta debe ser más fiable que aquel que no lo da".

Ante esta preocupación, la oficina del Defensor del Menor ha puesto ya en marcha un informe, que quiere presentar antes de final de año, para analizar la situación desde un punto de vista amplio. En el informe presentado ayer, además de defender que la víctima no debe ser quien abandone el centro donde se produce el acoso, pone el punto de mira en la necesidad de difundir los dos protocolos que la Junta tiene para atender estos conflictos.

La primera de estas guías, que data de junio de 2011, define las características que debe tener un caso para que sea considerado acoso, así como las acciones que deben tomar los profesores y los padres de los niños implicados. La segunda, más reciente, se refiere explícitamente a los casos de acoso a causa de la identidad de género de la víctima. Junto con la difusión de los protocolos, el Defensor del Menor urge a poner en marcha medidas de prevención para el alumnado, pero también a los padres y al personal docente. "El acoso es fácil de frenar, siempre que se haga a tiempo", afirmó Maeztu para después lamentar que hay ocasiones en las que los casos se detectan demasiado tarde.

Las 30 quejas sobre acoso gestionadas por el Defensor del Menor en 2015 son sólo un 5% de las 519 que recibió la institución que lidera Jesús Maeztu sobre educación, que es la materia más repetida en el informe del pasado ejercicio. Sin embargo, resulta llamativo que las quejas por los procesos de escolarización han dejado de ser las más numerosas en el ámbito educativo, pese a que se mantienen las referentes a la reagrupación familiar.

En el informe de 2015, los problemas más relevantes son los relacionados con la educación especial, puesto que se detectan carencias en la atención a los alumnos discapacitados matriculados en centros ordinarios. La principal reivindicación se debe a la ausencia de monitores que atienden a estos niños, tanto en la jornada escolar como en servicios como el de comedor. El acceso al comedor es otro de los asuntos conflictivos, ya que los alumnos en situación de exclusión copan las plazas y, en muchas ocasiones, hay estudiantes discapacitados que se quedan sin plaza. Por su parte, los centros específicos de educación especial también acumulan quejas relativas al estado de la infraestructura y a la ratio de profesionales.