Navarro insiste en que la Ley de Dependencia se "consolidará" el próximo año

  • La consejera afirma que el 1 de enero empezará la ayuda a los "dependientes severos"

El presupuesto de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social es el que más sube de todas los departamentos del Gobierno andaluz, con un aumento del 23 por ciento respecto a 2008. Dispondrá de 1.736 millones de euros. Su máxima responsable, Micaela Navarro, se congratuló ayer de este dato y destacó que eso posibilitará la "consolidación" de la Ley de Dependencia, a la que se destinan "inicialmente" 530 millones de euros, el doble que el año pasado, cantidad que podría aumentarse.

Sin embargo, la portavoz del PP en la comisión de Igualdad, Amelia Palacios, lamentó que el dinero de la consejería "es insuficiente" para hacer frente a la problemática social y de igualdad de Andalucía, y apuntó que la crisis económica hará que aumenten las necesidades de los andaluces. Palacios criticó que hay partidas que se reducen y agregó que se debería recortar el presupuesto en "viajes", a lo que la consejera replicó que hay partidas con reducciones drásticas de hasta el 50 por ciento, "y si seguimos así, no podremos ni venir al Parlamento". Navarro afirmó que a partir del 1 de enero empezarán a recibir ayudas los denominados "dependientes severos", como recoge el calendario de la Ley de la Dependencia, que en Andalucía se está aplicando "a buen ritmo" a pesar de la "complejidad" que conlleva.

Los ayuntamientos recibirán 148 millones de euros para hacer efectiva esta ley, dinero que, según Navarro, no supone una merma en los fondos que el Gobierno andaluz destina a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

Otro de los objetivos prioritarios de la Consejería para 2009 es la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género, para lo que se desarrollarán las dos leyes andaluzas que hacen referencia a estos aspectos y se creará el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.

La consejera resaltó que en 2009 pretenden reforzar la atención de los mayores no afectados por la Ley de Dependencia, a la infancia (con 234 millones de euros), las familias (125 millones) y a las personas drogodependientes (44 millones).

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