La Justicia andaluza vuelve a estar en la palestra porque la partida presupuestaria que la Junta destina para este área es de 45 euros anuales por habitante, mientras que la media española se sitúa en 72 euros por ciudadano. Además, la comunidad pasó de tener 8.348 funcionarios de apoyo a los jueces en 2012 a los 7.445 que trabajan en la actualidad, es decir, 1.000 efectivos menos. Estos datos fueron facilitados ayer por la portavoz parlamentaria del PP, Carmen

Crespo, que exigió el impulso "de medidas de calado" ante la situación de la Administración de Justicia en Andalucía.

Crespo recordó que el PP interpelará, en la sesión plenaria que se celebrará la semana que viene, sobre política general en materia de Justicia. "Hay 495.000 asuntos judiciales pendientes y 454.000 sentencias sin ejecutar. En los juzgados de lo Social y Mercantil están señalados juicios para 2018 y 2019", señaló Crespo.

La portavoz hizo hincapié en el mal estado de las infraestructuras judiciales porque, según Crespo, "muchas carecen de calefacción y refrigeración, mientras que otras tienen barreras arquitectónicas". La portavoz puso como ejemplos de estas deficiencias los cortes de luz que sufre la Audiencia malagueña de Torrox o que en el juzgado de violencia de género de Jaén coincidan "agresor y víctima en el mismo espacio".