El PP-A anunció ayer que el viernes envió a la juez Mercedes Alaya, un escrito en el que le pide que investigue las encomiendas de gestión realizadas por la Consejería de Empleo a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) desde 2008 porque "pueden ser ilegales".

Según explicó en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, la fórmula de las encomiendas de gestión utilizada desde 2008 por el Gobierno andaluz (en sustitución de la que, desde 2001, servía para tramitar las ayudas sociolaborales a empresas y los ERE) "también puede ser considerada ilegal" en base al artículo 105.3 de la Ley de Administración Pública de Andalucía, que establece que "la encomienda de gestión a órganos o a entes públicos pertenecientes o dependientes de diferente Consejería o de distinta Administración Pública (a la de Empleo) será autorizada por el Consejo de Gobierno". Sanz especificó que, a diferencia del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la Agencia IDEA no pertenecía en esa fecha a la Consejería de Empleo, sino a la de Economía, Innovación y Ciencia, por lo que las mencionadas encomiendas de gestión deberían haber sido aprobadas por el Consejo de Gobierno, algo que, "o bien no ha pasado, o bien se ha ocultado esa información". Sanz aportó como "pruebas" cinco órdenes de encomiendas de Empleo relativas a actividades de las empresas Hytasal, Trandsa, Europa Center (Hotel Cervantes), Mac-Puar Componentes y Mecanizados S.L. y Altadis.