Los servicios jurídicos del PP aportaron ayer nueva documentación a la juez sobre el caso de los ERE, en este caso, la aprobación por parte del Consejo de Gobierno en su sesión del 9 de noviembre de 1999 de un préstamo a la empresa Hijos de Andrés Molina "a cuenta" de una futura subvención a esta empresa. La ayuda no pudo concederse, al contar con informes contrarios de la Intervención, y entonces se firmaron convenios particulares con la empresa, uno por parte del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, según relató ayer en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Sanz. La imposibilidad de conceder este anticipo desembocó en la creación en 2000 del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en el que Sanz enmarcó el "fondo de reptiles". "Hubo que reptilizar los fondos para poder pagar las subvenciones", dijo.

En una investigación paralela, que cuenta con la aportación de anónimos, el PP ha remitido a la juez que investiga el caso, Mercedes Alaya, documentación que confirma el "monumental fraude" por parte del Gobierno andaluz. Además, el PP denunció la información que se ha "ocultado" a la magistrada en los expedientes y que entierran el discurso de colaboración de la Junta. Así, el PP mostró que la Junta envío hace 14 meses un dossier de apenas 40 folios sobre las ayudas a esta empresa, cantidad que se ha cuadriplicado en volumen tras el último requerimiento de la juez. En la nueva documentación se incorpora un "revelador" informe de disconformidad del interventor delegado de la Junta, Joaquín Alegre, el 15 de diciembre del 2000.

También hay disparidad en la cuantía y beneficiarios de las ayudas. Durante seis años, la Junta abonó a esta asociación de ex trabajadores 7,1 millones de euros pese a la "disconformidad" de la Intervención, y de esta cantidad, 4,2 millones se habrían "ocultado" documentalmente a la juez, según Sanz, quien añadió que el IFA abonó 2,1 millones de más. También se ocultó un pago de 688.346 euros en concepto de abono para 50 ex trabajadores, pese a que sólo fueron siete los empleados acogidos.

La denuncia del PP amplifica el convulso fin de semana que ha vivido la Junta tras el informe acusatorio de la Guardia Civil. El alto nivel de "conjeturas" del documento y la constatación de la inexistencia de informe alguno de la Intervención General alertando de irregularidades son las bazas con las que está jugando el PSOE para restarle peso y defenderse de este nuevo capítulo del serial de los ERE. La presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, disintió del contenido del dossier, y aunque no quiso tirar por tierra del todo el trabajo de los agentes que lo redactaron, recordó que aparte de no aportar nada nuevo ni distinto a lo que ya ha ido apuntando la juez instructora del caso, no es a ellos a quien les compete dictar sentencia.

El cierre de filas en torno a Griñán a nivel regional también llevó al apoyo de la Ejecutiva Federal. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, expresó "todo el apoyo" del partido.