Andalucía

El PSOE modifica el decreto de campos de golf

  • La Junta decidirá que superficies tienen interés turístico y en ellas agilizará la inversión económica

El Parlamento andaluz aprobó ayer la ley de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica con la oposición de PP e IU, que consideraron que las modificaciones efectuadas al texto original por el PSOE sólo buscan la discrecionalidad de la Junta en vez de agilizar trámites.

El pasado 25 de junio el Parlamento convalidó, con el voto a favor del PSOE, el rechazo del PP y la abstención de IU, el decreto-ley sobre medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica, aprobado el 3 de junio por el Gobierno andaluz. Durante este tiempo, el Parlamento ha tramitado por la vía de urgencia este proyecto de ley -que sustituye a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos- y que ayer salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PSOE, mientras PP e IU la rechazaban por ver que con este texto la Junta, a través del PSOE, ya ha modificado hasta diez leyes, siete de ellas relacionadas con el medio ambiente.

Para PP e IU, fue especialmente llamativa la modificación que se hace de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA) por la cual a Junta podrá declarar de "interés autonómico" las actuaciones que considere oportunas obligando a los planes subregionales a adaptarse.

Para la oposición, esto supuso dejar una puerta abierta a la "discrecionalidad" de la Junta para acometer actuaciones urbanísticas con plena libertad y un ataque a la autonomía de los municipios.

PP e IU también criticaron la modificación que se hace del decreto de los campos de golf por el que la Junta decidirá qué proyectos son considerados de interés turístico, lo que conlleva la construcción de viviendas y agilizar sus trámites.

El PSOE defendió a capa y espada es ta nueva norma, negando que que con ésta se rebajen las exigencias de diez leyes o del Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA) y asegurando que las modificaciones tienen como objetivo "reducir y agilizar" los trámites administrativos de leyes urbanísticas, medioambientales y administrativas y sin que suponga un ataque a la autonomía local.

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