Fraude en la formación

La Policía retoma dos años después el análisis de los archivos intervenidos a Ángel Ojeda

  • Agentes de la UDEF central realizarán el volcado y clonado de los archivos informáticos intervenidos en agosto de 2014 en la sede de Prescal.

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La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) retomará esta semana el análisis de los archivos y de la documentación intervenida en la sede del grupo Prescal, propiedad de Ángel Ojeda, una actuación que se produce casi dos años después de que se produjera la detención del ex consejero andaluz de Hacienda y la aprehensión de esa documentación, a principios de agosto de 2014.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa de los cursos de formación, ha acordado en una providencia el "desprecinto y clonado" de los soportes informáticos intervenidos en la sede de Prescal, un acto que tendrá lugar mañana en el juzgado.

En la providencia, la juez señala que en relación con el "soporte papel intervenido" en la sede del grupo empresarial de Ojeda que se encuentra bajo custodia policial, el desprecinto se realizará de manera simultánea a la anterior actuación.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó hace unos meses a la instructora la práctica de una serie de diligencias para impulsar la investigación, entre las que se encontraba precisamente el volcado y análisis de esta documentación intervenida hace casi dos años. 

La Udef de la Policía Nacional retoma la investigación de los cursos cuando se ha conocido, paradójicamente, un nuevo auto de la  Audiencia de Sevilla que ha avalado la decisión de la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, de apartar a esta unidad policial de la investigación de los cursos de formación, al ratificar un auto de la instructora del 24 de octubre de 2014 por el que se acordó librar oficio al director de la Policía, Ignacio Cosidó, para que cesaran “de inmediato” las actuaciones y se hiciera entrega al juzgado de “las actuaciones practicadas relativas a las presentes actuaciones”.

Fuentes del caso explicaron ayer que en la causa de los cursos de formación que se investiga en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla coinciden actualmente las dos unidades de élite de la Policía y la Guardia Civil, dado que a la investigación que lleva a cabo la Udef se suma la que viene realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con respecto al resto de las piezas abiertas en los cursos de formación, como la denominada "pieza política", en la que se investiga las ayudas concedidas por la dirección general de Formación y que será archivada en los próximos meses por la juez María Núñez Bolaños.

La Junta de Andalucía había directamente en apelación ante la Audiencia la decisión de Alaya de apartar a la Udef de la instrucción de los cursos, al recordar que existen otras diligencias abiertas en otros juzgados andaluces y estimar que la investigación de la juez "tiene un carácter omnicomprensivo en relación con las acciones formativas, alegando que no se fija en dicha investigación criterios delimitadores que permitan fijar adecuadamente el concreto objeto de la investigación".

La Junta consideraba que Alaya había asumido de forma "indirecta e impropia, competencias que no le son propias", por cuanto la UDEF de la Policía Nacional realizaba una investigación en el marco de la operación Edu que gira en torno a subvenciones dadas por las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que se encuentra delimitada provincialmente y que estaba siendo investigada por distintos juzgados andaluces.

Para la Audiencia, Alaya se limitó a "suplir las negativas consecuencias derivadas de la doble intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, ante la aparente ausencia de criterios previos de coordinación puestos de manifiesto por la UCO con el fin de evitar la dispersión del resultado de la investigación y la documentación en el marco de las diligencias previas que investigaba con los límites establecidos en el oficio remitido, reclamando la entrega inmediata de lo actuado que guarde relación con las presentes actuaciones y que no estén judicializadas". 

En la resolución impugnada, prosigue el tribunal, la instructora reclamaba las actuaciones que "en el momento de acordar el cese de la investigación no corresponda su conocimiento a otro órgano judicial" y esta decisión, dada la aparente complejidad de la causa y el carácter dinámico de la investigación, no permite a la Sala "prima facie" atisbar la posible situación de efectiva indefensión que el letrado de la Junta de Andalucía invoca al amparo del artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De la misma forma, la Audiencia no cree que Alaya realizara una investigación "prospectiva", porque el cese ordenado a la Policía se refería “exclusivamente” a las diligencias que investigaba el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, "no a las que ya fueran competencia de cualquier otro juzgado" y fue acordado en un momento incipiente de la investigación, por lo que no consta acreditada una situación de indefensión "material real y efectiva determinante de una nulidad".

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