Sindicatos, patronal y municipios se alían con la Junta contra el recorte en la VPO

  • Acuerdo para frenar la intención del Gobierno de eliminar las ayudas a compradores y promotores de vivienda protegida · El Ejecutivo andaluz aportará "múltiples" medidas para reorientar la propuesta

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Con distintos matices, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, la patronal de la construcción Fadeco y la federación de municipios y provincias (FAMP) se posicionaron ayer del lado de la Junta de Andalucía a la hora de plantar batalla contra el anuncio del Ministerio de Vivienda de retirar las ayudas para compradores y promotores de vivienda protegida (VPO). La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, presidió la reunión y afirmó que su departamento realizará "múltiples y profundas" aportaciones a la decisión del Ministerio de Vivienda de eliminar estas ayudas a partir de 2011, "con el fin de reorientar una medida que afecta a una materia sensible desde el punto de vista social y económico", informó en un comunicado.

El próximo martes está prevista una reunión técnica entre la consejería y el ministerio preparatoria del encuentro entre la ministra Beatriz Corredor y Rosa Aguilar (este mes) en el que se aclarará definitivamente el destino de las ayudas ministeriales y sus cuantías.

Desde que a finales de julio el departamento de Corredor anunciara la intención de destinar a partir del 1 de enero todas las ayudas públicas a la rehabilitación y alquiler y eliminar las que hasta ahora concede para VPO, la Junta se posicionó radicalmente en contra.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, aseguró tras una reunión el 23 de agosto con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que pensaba que podían conseguir una moratoria para la retirada progresiva de estas ayudas en función del nivel de renta de los adquirientes.

En esta línea se reafirmó ayer Aguilar, que reiteró la apuesta del Ejecutivo andaluz con el cumplimiento del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, compromiso que contempla la construcción de 172.000 casas entre 2008 y 2012.

Para los sindicatos, la anunciada retirada de la ayuda estatal no condiciona el cumplimiento del compromiso de la Junta, acordado con los agentes sociales y económicos. "Apoyamos que pelee la continuidad del convenio que firmó con el Gobierno, pero si al final no lo consigue, esto no supone una excusa para que incumpla el acuerdo", aseveró Roberto Marín, de UGT. Los sindicatos plantearon la presentación de enmiendas conjuntas con las que reforzar la posición andaluza ante el Gobierno.

La patronal de la construcción representada por Fadeco también se alió en la "lucha" para que la modificación del Plan Estatal de Vivienda no afecte al plan andaluz. Horas antes, Aguilar enseñó a los constructores un mapa con la reprogramación de obras en carreteras. "En principio no paraliza ni rescinde contratos", se mostraron esperanzados los constructores.

Para el presidente de la federación de municipios, Francisco Toscano, la retirada de las ayudas es un factor "secundario". Primó que las entidades financieras concedan los créditos a promotores y adjudicatarios. "Sin la financiación, todo lo demás sobra", consideró Toscano.

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