Ninguna de las alegaciones que presentó la Junta de Andalucía tras la pérdida de la competencia sobre el río Guadalquivir fue atendida por el Tribunal Supremo para que la comunidad conservara la transferencia sobre su gestión. En una sentencia conocida el miércoles, el Tribunal Supremo anuló el real decreto que en 2008 cedió a la Junta la gestión sobre el río desde la ahora simbólica Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que vio desmanteladas sus instalaciones y traspasados sus más de 700 trabajadores a la Agencia Andaluza del Agua en 2009.

En el último escrito de alegaciones para evitar la nulidad de la transferencia, la Junta subrayó la carencia de "medios imprescindibles para la prestación de un servicio público de tanta transcendencia como es la gestión de los recursos o aprovechamientos hidráulicos" por parte de la "actual" Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, recoge la sentencia del Tribunal Supremo. Esta instancia desoyó la queja de la Junta, al igual que otra sobre la "paralización de la cuenca del Guadalquivir" que a juicio de la Junta supondría la nulidad de la transferencia.

Probablemente ni el propio Gobierno andaluz tenía confianza en sus alegaciones, teniendo en cuenta que su primera reacción tras conocer el nuevo varapalo fue que esta contrariedad estaba "prevista" tras el fallo en contra del Tribunal Constitucional en marzo.

Las alegaciones fueron presentadas por la Junta a principios de mayo, una vez que ya lo habían hecho en abril Castilla-La Mancha, quien interpuso este recurso, y el Abogado del Estado, dentro del plazo que dio el Supremo tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional.

La Junta y el abogado del Estado también intentaron quitar legitimidad a Castilla La Mancha para impugnar el decreto, pero el Supremo rechazó esta objeción al entender que esta comunidad también participaba de la CHG, "habida cuenta de que parte de su territorio comprende cauces y aguas de la cuenca del río Guadalquivir".

La Junta se escuda ahora, y así lo afirmó ayer en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en que la gestión está blindada por la encomienda de gestión por parte del Gobierno, una solución de emergencia que concluye en octubre.

Díaz Trillo aseguró que "todos los actos jurídicos que se están efectuando desde la puesta en marcha de la encomienda de gestión tiene vigencia, por lo que existe total seguridad jurídica".

La incertidumbre planea sobre el futuro. Las administraciones estatal y autonómica estudian una fórmula jurídica que satisfaga a todos en la gestión del Guadalquivir.

Extremadura y Castilla-La Mancha, ambas comunidades de gobiernos socialistas, ya mostraron su beligerancia, por lo que seguirán expectantes. Además en Castilla La Mancha gobernará el PP, opción menos probable, pero aún posible, en Extremadura.

Mientras el tiempo de encomienda se agota, fuentes del Gobierno central se muestran menos optimistas que la Junta sobre el hallazgo de una vía jurídica que mantenga el peso de la Junta sobre la gestión del Guadalquivir por encima de otras comunidades y le permita hacer uso de sus recursos y aprovechamientos hidráulicos. Sigue sobre la mesa la opción del artículo 150.2 de la Constitución que permite al Estado transferir o delegar en las comunidades autónomas. Tampoco se puede descartar la resurrección de la CHG.

Esto precisamente reclaman los centenares de trabajadores transferidos, que en unos meses se verán de nuevo en un limbo.