La providencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo es inapelable: el Ayuntamiento de Almonte es el propietario definitivo del campo de golf Dunas de Doñana de Matalascañas. El Alto Tribunal ha rechazado el recurso de casación presentado por el Consistorio almonteño contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dictamina que la compra de las instalaciones deportivas se ajustan a derecho. Con esta providencia concluye un periplo judicial que se inició después que en 2009 el Ayuntamiento almonteño adquiriese el campo de gol, tasado en 7,5 millones de euros, de los cuales debían abonarse 4 millones en 14 parcelas en el Rocío en la calle Santa Olalla.

El equipo de gobierno socialista justificó entonces la comprar para evitar el cierre de unas instalaciones que atravesaban por graves dificultades económicas, así como por el atractivo que esa infraestructura supone para la playa.En principio, el Consistorio no pretendía ser propietario del campo de golf indefinidamente, sino gestionarlo con un nuevo equipo de dirección y después si fuese posible darle el relevo a algún grupo empresarial.

No lo veía así el PP, en la oposición, que entendía que la operación de compra era "un timo" y que tenía como único objetivo salvar al ex acalde, Juan Antonio Castellano, socio mayoritario de la empresa que venía explotando las instalaciones. Tal fue así que durante la legislatura en la que los populares fueron gestores del Ayuntamiento (2011/2015), con José Antonio Domínguez como alcalde, un acuerdo plenario anulaba el del 8 de abril de 2009 con el gobierno socialista, que aprobaba la compra. La adquisición fue denunciada por la vía penal por el PP.

Así, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Huelva ratificó después (marzo de 2016) el pleno del Ayuntamiento de 31 de enero de 2014 que anulaba la compra por parte del Consistorio de las participaciones de la empresa propietaria del campo de golf por los 7,5 millones de euros. El juez daba la razón al equipo de Gobierno del PP que acordó la nulidad, al considerar que la actuación de los socialistas fue contraria a derecho, al infringir de manera directa y frontal la normativa de aplicación en operaciones de este tipo.

Pero en abril de 2017, el TSJA avaló la compra de las instalaciones llevada a efecto en 2009 por el equipo de gobierno del PSOE, al considerar que la actuación es ajustada a derecho. El Alto Tribunal andaluz estimó el recurso presentado por los ex ediles socialistas contra la resolución del Juzgado onubense que anuló la compra de las instalaciones.

El TSJA argumentó que la adquisición de la infraestructura deportiva de 54 hectáreas se ajustó a derecho y que la compra de las participaciones sociales no alteró el carácter inmobiliario de la operación.