La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha alertado a la juez María Núñez Bolaños del "importante retraso y de los perjuicios" para el resultado de la investigación de los cursos de formación por la falta de entrega de determinada "documentación necesaria" para continuar las pesquisas y ha reiterado a la juez que reclame a la Junta documentación sobre los entramados empresariales del ex consejero andaluz Ángel Ojeda y del ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco.

En un oficio de la Guardia Civil que tiene fecha del pasado 4 de julio, la UCO reclama a Bolaños que requiera abundante documentación a la Dirección General de Formación y a la Intervención General de la Junta de Andalucía, y lamenta "los retrasos que se están produciendo en disponer de dicha información y el menoscabo que ello supone para la eficacia de las investigaciones que se realizan", por lo que en este oficio "reitera nuevamente" la necesidad de disponer de dicha información, solicitando que se requiera por parte de la juez a los organismos que disponen de ella.

Los agentes insisten en que el estudio de la documentación solicitada requiere una "planificación previa de personal y medios de esta unidad", y añade que la falta de documentación necesaria para el progreso de la investigación "provoca un importante retraso y perjuicios al resultado de la misma". En cualquier caso, "esta unidad queda a disposición de ese órgano jurisdiccional para la práctica de aquellas investigaciones que puedan considerar oportunas realizar".

Entre la documentación solicitada a la Dirección General de Formación destaca la petición de entrega de los informes sobre la revisión de los expedientes de subvenciones otorgadas al entramado de empresas de Rafael Velasco, Ángel Ojeda, y José María Pérez González, así como de la empresa Multiservicios y Limpiezas Doñana.

También reclama la UCO los expedientes de reintegro de las subvenciones concedidas a UGT, CCOO y la CEA, y de "todas las resoluciones de exceptuación a la limitación comprendida en el artículo 124.1 del decreto ley 1/2010, publicadas entre los años 2007 a 2013".

En el oficio, la UCO pide a la juez que solicite a la Intervención General de la Junta que aporte los "informes de actuación" que haya abierto con ocasión de los informes especiales correspondientes al período 2009-2012, así como el informe que se haya podido elaborar a requerimiento judicial sobre las subvenciones cuya concesión correspondía al órgano central del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), "tal y como se solicitó mediante oficio de 21 de septiembre de 2015 y 18 de mayo de 2016".

Por último, los investigadores solicita a la juez una "copia digitalizada para su estudio" de los expedientes de subvenciones incautados en la sede de la Dirección Genera de Formación.