El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas (IU), confió ayer en que se puedan producir "avances" en las negociaciones que mantiene la Junta con los sindicatos sobre los recortes salariales a empleados públicos que se van a aplicar dentro del Plan de Ajuste de la Junta. "Yo tengo claro que tiene que haber avances en el seno del Consejo de Gobierno próximo y tiene que haber avances en el debate que se celebre en el Parlamento de Andalucía puesto que se va a tramitar el decreto ley como ley, y ahí los grupos tendrán mucho que decir", declaró.

Tras comparecer en comisión parlamentaria para hablar de las líneas generales de su departamento para esta legislatura, el vicepresidente del Gobierno apostó por que haya "unos primeros avances" y que estos sean "preservar a la parte más débil de los empleados públicos" en los recortes salariales que se aplicarán.

Ante la insistencia de los periodistas sobre si el Consejo de Gobierno del próximo martes abordará modificaciones en el plan relativas a los recortes salariales, Valderas apuntó que no se atrevía a afirmar "de aquí al martes en qué nivel ha quedado la negociación", pero insistió en que IU -socio de Gobierno- no está dispuesta a que "determinadas líneas rojas se sobrepasen", como la ausencia de privatizaciones y los despidos.

Para Valderas, en estas negociaciones los sindicatos "a veces se levantan y se vuelven a sentar", en alusión a que UGT se levantase ayer de la mesa de Sanidad. Los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad, Satse, CSIF, CCOO y UGT, aunque ésta última central decidió no acudir, calificaron de "engaño" el encuentro sobre recortes al personal sanitario con responsables de la Consejería de Salud, informó Europa Press.

Por la tarde, fuentes sindicales informaron de que la Consejería de Hacienda y Administración Pública les ha convocado a la Mesa General de Función Pública el martes, después de quejarse de que la Junta no les había llamado tras plantear hace dos semanas un aplazamiento del plan de ajuste para negociar los recortes salariales a los empleados públicos, cifrados en 777 millones de euros.