Un abogado de nacionalidad española movía desde Londres los hilos de la red de blanqueo de dinero desmantelada por la Guardia Civil en Marbella en una operación que, por el momento, arroja un balance de cinco detenidos. Todos ellos pasaron ayer a disposicióndel juez Gonzalo Dívar, que instruye el caso.

El letrado, que no ha sido detenido, se había instalado en la capital del Reino Unido ante la presión de la investigación, a sabiendas de que los agentes encargados de ella le pisaban ya los talones y estaban cada vez más cerca. Su identidad no ha trascendido. Sus dependencias, consideradas por los responsables de la operación como la "casa matriz" de todo el entramado, fueron registradas ayer.

La metodología empleada por los actores de esta trama dedicada a la ingeniería financiera era captar a ciudadanos extranjeros adinerados que hacían uso de la red de empresas interpuestas creada por los detenidos para evitar el pago de impuestos. Las compañías figuraban en diversos paraísos fiscales como Gibraltar y las Islas Vírgenes. Al mismo tiempo, recibían una participación es esas empresas, que invertían el dinero recaudado para adquirir residencias de lujo en puntos estratégicos de la Costa del Sol.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, manifestó ayer que "no se descartan posibles nuevas detenciones" porque en este tipo de actuaciones "nunca se puede decir que la operación esté totalmente cerrada", precisó el subdelegado. López Luna apuntó que, aunque "en principio la operación se finalizó ayer [por el miércoles], pueden o no surgir nuevas responsabilidades por parte de otras personas en función de los documentos que se están interviniendo y examinando".

"Esta mañana han sido puestos a disposición judicial los cinco abogados detenidos por posibles delitos de blanqueo de dinero y contra la Hacienda Pública", confirmó López Luna en rueda de prensa. El subdelegado señaló que se han hecho registros, dentro de una operación simultánea a escala internacional con una actuación coordinada entre la Unidad Central Operativa de (UCO) de la Guardia Civil y la Policía de Reino Unido. La investigación se inició en 2006. Fuentes cercanas a la operación apuntaron que la complejidad del asunto y la necesidad de establecer cooperación judicial, en concreto con Reino Unido y con Gibraltar, han sido elementos que han prolongado la investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella y la Fiscalía Anticorrupción.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, pidió ayer "lo que pedimos para todos los ciudadanos, respeto a los derechos fundamentales de estas personas". Camas instó a que se respete la instrucción judicial, que deseó sea "diligente y rápida", y dijo que espera "plazos razonables", también en el mantenimiento del secreto de las actuaciones, al recordar que "estamos en un Estado de Derecho".