Los andaluces suspenden la gestión en seguridad, empleo y vivienda

  • Los ciudadanos reclaman mayor coordinación entre las tres administraciones · El 61,2% defiende un modelo de Estado con más competencias autonómicas

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La insatisfacción que sienten los andaluces con las políticas dirigidas al fomento del empleo y la seguridad ciudadana es mayor que las del resto de españoles. Así se desprende de un estudio presentado ayer en Córdoba fruto de la colaboración entre el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la Escola Galega de Administración Pública y la Fundación Pí y Sunyer. Según este informe, en el que también se estudia a la población de Castilla-León, Galicia, Cataluña y País Vasco, los andaluces suspenden con un 3,89 las actuaciones que realizan los gobiernos en materia de empleo y con un 4,64 las que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Sin embargo, éstos no son los únicos capítulos que se califican por debajo del cinco.

Así, en esta lista negra también tienen cabida las pensiones, con una nota de 4,69; el urbanismo (4,39), el control de la inmigración (3,52), la promoción de vivienda protegida (3,68) y el medio ambiente (4,64). Sólo las políticas de sanidad -que es la mejro valorada-, educación, infraestructuras y servicios sociales consiguen un aprobado y por los pelos, ninguna llega al seis en la valoración media.

Las encuestas, efectuadas entre finales de 2007 e inicios de 2008, también destacan las valoraciones sobre el papel y las competencias de las administraciones municipal, autonómica y central. La fuerte identidad municipal, como destaca el estudio, resulta común a todas las comunidades autónomas, si bien se refuerza el papel que los españoles conceden a las autonomías. Los entrevistados vascos, catalanes y gallegos son más más partidarios de la descentralización del Estado, pero también una gran parte de los andaluces, un 61,2%, defiende que la Junta asuma mayores competencias. La población andaluza, además, considera mayoritariamente que las decisiones que toma el Gobierno central y los ayuntamientos influyen más en su vida que adoptadas por el autonómico.

Las políticas de seguridad ciudadana y empleo deben ser competencia de la Administración Central para la mayoría de los ciudadanos, que también prefieren que continúen en manos del Estado el control de la inmigración y la gestión del sistema de pensiones.

Por contra, colegios e institutos, centros de salud, servicios de urgencias, guarderías, y atención domiciliaria son mayoritariamente percibidos como servicios responsabilidad de la Junta de Andalucía.

Al hilo del trabajo que realizan las tres administraciones, el informe refleja un descontento por la coordinación interterritorial. Así, los encuestados, en general, consideran que el trabajo que realizan conjuntamente los ejecutivos central y la autonómico resulta escaso. Existe, sin embargo, un leve repunte cuando se aborda la interrelación entre los gobiernos local y autonómico. Aunque los andaluces también suspenden a sus administraciones en este apartado.

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