Ordenación del territorio

Los ayuntamientos prevén construir un millón de nuevas viviendas

  • Los planes urbanísticos municipales "metidos en un cajón" reservan una ingente bolsa de suelo destinada a la construcción. La Junta revisará, en un plan similar al de Cataluña, los proyectos en el litoral.

Comentarios 18

El voraz modelo urbanístico responsable de la actual crisis económica, esa burbuja inmobiliaria que alentó la especulación y disparó la codicia de las entidades financieras, sigue latente en la comunidad, durmiente.

Los planes urbanísticos de los ayuntamientos andaluces tienen previstos suelos para la construcción de aproximadamente un millón de nuevas casas, cuando existen unas 130.000 sin vender y otras casi 100.000 están desocupadas entre las 4,5 millones de viviendas que componen el parque andaluz, según datos del Ministerio de Fomento a finales de 2011.

Estas previsiones se recogen en el preámbulo del decreto ley de medidas urgentes que ha aprobado esta semana la Junta de Andalucía, y que se centrará específicamente en los planes que tienen los ayuntamientos del litoral que aún no tienen adaptados sus planes urbanísticos, 52 de 62. La Junta revisará esos planeamientos, ya que en muchos casos se remontan a la época del boom inmobiliario y contienen "demandas exógenas propias de otras situación socioeconómica". Se trata de un paso previo al Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía que se debe aprobar en el plazo máximo de dos años y que contendrá las bases futuras del urbanismo en el litoral andaluz.

Mientras tanto, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente va a escrutar qué proyectos recogidos en esos planes son viables, no sólo en su vertiente medioambiental, sino también en la económica, por lo que a priori, no se puede descartar nada y habrá que esperar al menos seis meses para conocer qué proyectos de ese millón de viviendas "metidas en un cajón" (se analiza cuántas corresponden al litoral) pueden seguir adelante.

Sin embargo, el principal partido de la oposición, el PP, que apuesta por volver a incentivar la actividad económica sin melindres ambientales o paisajísticas, se ha apresurado a criticar que este decreto ley supone un "atentado" para el desarrollo turístico de los municipios.

Los ecologistas aplaudieron en un primer momento la voluntad del Gobierno andaluz de reforzar la protección del litoral, pero la lectura detallada del decreto ley les ha devuelto las sospechas de que tampoco los actuales dirigentes de la Junta de Andalucía (PSOE-IU) tienen interés por desterrar un modelo urbanístico que llevó a lomos a la economía del país los últimos 20 años. Así, el regreso de la actividad urbanística que en los últimos años parece dormida se aventura como la vía que volverá a levantar la economía y, en estos momentos de paralización de la actividad, las administraciones tratan de articular los cimientos de lo que será el nuevo-viejo modelo.

La medida aprobada esta semana por la Junta de Andalucía (el decreto ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía) contiene un preámbulo en cuya letra se reconocería cualquier ecologista, plagado de lamentaciones por la ocupación del territorio hasta en un 40% del litoral.

Esta necesidad de proteger el litoral no parte de cero. Hay una decena de planes territoriales vigentes (Levante almeriense, Poniente almeriense, Costa Tropical, Vélez-Málaga y Axarquía, Costa del Sol, La Janda, Costa Noroeste de Cádiz y Costa Occidental de Huelva) que han establecido criterios al planeamiento urbanístico, pero la Junta ha entendido que se requiere de un instrumento específico de protección que aborde el corredor litoral en su integridad. Los planes actuales comprenden una franja de protección de los primeros 200 metros, pero el nuevo plan del corredor elevará ese blindaje hasta los primeros 500 metros a partir de la ribera del mar.

Ésta es la línea que por lo general han marcado las comunidades que ya cuentan con planes de protección y que son Cantabria (2004), Asturias y Cataluña (2005), País Vasco (2007) y Galicia, que se incorporó el pasado año.

Sí hay diferencias en cambio en los suelos sobre los que se puede actuar. La Junta ha decidido que se revisen también aquellos que han sido declarados urbanizables por los ayuntamientos. Hasta ahora el celo de la Administración autonómica se ha basado en proteger las zonas declaradas como no urbanizables, pero en esta revisión no se distinguirá. Eso sí, si el ayuntamiento ya tiene esos terrenos dentro de un plan parcial, la Administración autonómica no actuará.

Esto ha levantado las críticas de algunos sectores ecologistas, que ponen como ejemplo el caso del polémico proyecto de Valdevaqueros, en Tarifa, que está incluido en una plan parcial de 1995 y por lo tanto estaría fuera del ámbito de actuación del decreto. Las intenciones de la Junta sobre el proyecto han quedado esta semana más claras, después de que el pasado 7 de noviembre, como informó esta redacción el viernes, la Junta incluyese el plan Parcial de Valdevaqueros en el registro de Instrumentos Urbanísticos (RIU), un catálogo donde la Administración autonómica recopila todos los planeamientos aprobados en la comunidad. Los ecologistas sopesan denunciar este simbólico paso administrativo. Valdevaqueros, además, está mas allá de los 500 metros de costa.

Los redactores del futuro plan andaluz establecen paralelismos entre su próximo plan y los planes directores urbanísticos de Cataluña. Sin embargo, estos últimos incluyen no solo la franja de los 500 metros desde la ribera del mar sino también la comprendida de los 500a los 2.000 metros, en los que se adoptan determinaciones con el objetivo de asegurar la conectividad de la franja costera con el interior territorial.

Sí que comparte con el andaluz la actuación sobre los suelos urbanizables, preservando de la construcción especialmente a los suelos urbanizables no delimitados (no sectorizados ,en terminología de la legislación andaluza) y, excepcionalmente, sobre determinados sectores de suelo urbanizable delimitado (suelos urbanizables ordenados o sectorizados de la legislación andaluza).

Por lo general los planes de las comunidades intervienen en los suelos no urbanizables y Cataluña por ejemplo creó una nueva categoría, el suelo no urbanizable costero.

Los planes litorales de la cornisa cantábrica, al actuar en muchos casos sobre zonas en buen estado de conservación, con una menor presión urbanística y escaso poblamiento, tienen un carácter mas preventivo. Plantean además propuestas de actuación muy concretas para la mejora de las condiciones medioambientales y paisajísticas de determinados espacios (parques-playa, la red de sendas peatonales, las sendas cicloturistas o las actuaciones de regeneración de la cubierta vegetal degradada).

Las medidas cautelares aprobadas el martes también se ejercieron en Cataluña, Galicia, Cantabria o Baleares, ésta última, a la espera de aprobar su plan.

La iniciativa del Gobierno andaluz de regular también el suelo costero en Andalucía ha sido aplaudida por las organizaciones conservacionistas. Aunque con matices.

El principal para Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, es que sospecha que la intención es que la construcción en esos suelos sea el motor del desarrollo económico futuro. Si bien el espíritu de la ley es intachable, el desarrollo que le hubiese sido acorde, en opinión de Clavero, es la desclasificación de todos los suelos en el litoral.

Muchos de esos suelos que han clasificado los ayuntamientos y en los que prevén ese millón de viviendas están en posesión de los bancos, dispuestos a hacer uso de ellos en cuanto se recupere la actividad económica. "Esta propuesta mantiene el valor ficticio del suelo, los ayuntamientos no desclasifican y la Junta se desentiende", opina Clavero.

Otras deficiencias para el ecologista son las limitaciones: que sólo sea para el litoral, cuando hay cinturones de áreas metropolitanas sujetas a la especulación; que sólo comprenda los suelos urbanizables no desarrollados y que se ciña a los primeros 500 metros, "donde prácticamente ya está todo construido".

Las dudas sobre la verdadera intencionalidad de la Junta se desvelará en los próximos seis meses, cuando se dictaminen qué proyectos urbanísticos en el litoral pueden salir adelante.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios