Las bajas por enfermedad común de los asalariados andaluces han experimentado un notable repunte coincidiendo con la reactivación de la economía. La media mensual de procesos iniciados a lo largo de 2017 se situó en casi 45.000, según los datos provisionales recopilados hasta octubre por la Seguridad Social. Esta cifra supone un incremento del 9,5% respecto a la media del año anterior. También refleja un alza de más del 27% en comparación con 2013, el ejercicio en el que se registró un mínimo histórico de subsidios de incapacidad temporal por contingencias comunes -que comprenden los accidentes no laborales y las patologías no relacionadas con enfermedades profesionales-. La duración media de las bajas rozó el año pasado los 46 días, la cifra más alta de la última década.

El incremento del empleo al calor de la recuperación económica no justifica del todo la tendencia al alza experimentada en los últimos tres años, como demuestra la prevalencia, que refleja el número de procesos en vigor por cada 1.000 trabajadores protegidos. Este indicador brinda una comparación homogénea entre los diferentes ejercicios, independientemente del número de cotizantes.

El miedo a la pérdida del trabajo estuvo detrás del desplome entre 2007 y 2013

La prevalencia de bajas médicas aumentó en 2017 hasta los 28,37 casos por cada 1.000 asalariados en Andalucía, la cifra más alta desde 2007, y casi un 60% superior al mínimo histórico que se alcanzó en 2012. Sin embargo, la prevalencia regional se mantiene por debajo de la media nacional, que llega hasta los 31,13. Sólo La Rioja (25,63) y Madrid (27,21) presentan una cifra inferior a la andaluza. Es más, Andalucía fue la comunidad con un menor número de procesos en vigor por cada 1.000 trabajadores en 2016, el último ejercicio completo del que la Seguridad Social ofrece datos.

La evolución de las bajas médicas ha ido claramente en paralelo al ciclo económico. Entre 2007 y 2013, la media mensual de incapacidades temporales por enfermedad común se desplomó a la mitad tanto en Andalucía, sorprendiendo tanto a expertos como a gestores sanitarios. En 2007, con la economía regional creciendo por encima del 3%, se tramitaban al mes más de 72.500 subsidios de media. Seis años después, las incapacidades por enfermedad común habían caído hasta las 35.360.

Fuente: Seguridad Social./ Departamento de Infografía

Este fenómeno no se ciñó únicamente a Andalucía, sino que afectó a toda España. Entre 2007 y 2013, el número medio de procesos tramitados al mes en el conjunto del país disminuyó un 45%, coincidiendo con el estallido de la gran recesión y el derrumbe del mercado laboral. Una vez superado ese punto de inflexión, los subsidios por contingencias comunes han aumentado un 33% hasta situarse en una media de 350.205, según los últimos datos divulgados por la Seguridad Social.

Los expertos vincularon el desplome de las incapacidades a partir del año 2007 a la crisis económica, principalmente por el miedo de los trabajadores a perder su empleo por darse de baja. Así lo constató un estudio de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria al principio de la crisis, que fue uno de los primeros en dar la voz de alarma por los riesgos que entrañaba para la salud la presencia de empleados enfermos en sus puestos.

Los sindicatos también ligaron esta situación al traspaso de trabajadores a la economía sumergida tras perder su empleo. Otro factor decisivo fue el recorte del complemento a los empleados públicos en caso de baja médica por enfermedad común. La medida, introducida en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, supuso el recorte de sus retribuciones desde el primer día de baja médica.

"El absentismo irregular asociado a bajas por incapacidad temporal durante los años de fuerte expansión (2001-2007) habría desaparecido en su totalidad en la fase de recesión económica", señala el VI Informe sobre Absentismo de Adecco, que incide en que el fuerte repunte de las bajas registrado a partir de 2015 responde a "múltiples causas". "Puesto que carecemos de información lo suficientemente detallada como para proceder a un análisis en profundidad de estas causas, solo podemos plantear la hipótesis de un cambio estructural debido a que las características macroeconómicas, microeconómicas y sociolaborales observadas en 2015 y 2016 son muy diferentes a las del período 2000-2008", destaca el estudio.